Croacia: Restablecer el derecho de los inquilinos a la seguridad de la tenencia

Desde la seguridad habitacional en la ex Yugoslavia a la pesadilla de los desalojos en la Croacia moderna.

En la antigua Yugoslavia, los derechos de ocupación/inquilinato significaban tener todos los derechos de propiedad: el derecho a la ocupación perpetua, la utilización permanente, libre y sin obstáculos de un lugar habitacional, el derecho a disponer de la vivienda , así como el derecho a participar en la administración del edificio. Lo único que el inquilino no podía hacer era vender el piso.
En cuanto a las relaciones de propiedad, un inquilino poseía nueve décimos de la propiedad, mientras que el propietario nominal poseía un décimo del mismo. Y que la categoría en cuestión era sin duda alguna categoría de propiedad propiedad del dueño nominal y propiedad del inquilino, ha sido constatado por la Resolución dictada por el Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina, el cual, bajo la jurisdicción de la Unión Europea, sentenció que el derecho de propriedad del inquilino era el mismo del derecho del proprietario nominal.
En 1996 el Parlamento Croata aprobó la Ley de Arrendamiento que privó a los inquilinos de apartamentos privatizados en propiedad nominal de ocupar tales apartamentos en perpetuidad, siendo hasta entonces dichos derechos hereditarios y estando vigentes desde 1945. Conforme a la ley del 1996, si los propietarios nominales deseaban trasladarse a los apartamentos, estaban obligados a proveer en su lugar un apartamento adecuado para el ocupante y su familia. En 1998 el Tribunal Constitucional de la República de Croacia no sólo confirmó esa ley, sino que también suprimió la obligación del dueño nominal de proveer una vivienda alternativa adecuada. Como resultado, familias enteras han sido desalojadas de sus apartamentos con todas sus pertenencias, sin vivienda sustituta y sin compensación por generaciones por la inversión que hicieron en lo que ellos habían considerado serían sus hogares para siempre.
En otras palabras, la Ley de Arrendamiento abolió el derecho de los inquilinos de ser proprietarios efectivos transformándola en propiedad privada nominal, y en su lugar introdujo las oscuras categorías del arrendador y del arrendatario. Con esta ley , el estado reconoció el 10% de propiedad del inmueble de los propietarios nominales, desconociendo el 90% de propiedad del apartamento de los ahora antiguos inquilinos. El Estado ha llevado a cabo un acto de nacionalización de la propiedad poseída por los antiguos inquilinos, lo que representa un robo hacia esos inquilinos.
La Ley de Arrendamiento ha puesto en peligro el derecho humano fundamental a la protección de la casa y la familia; los antiguos inquilinos están ahora amenazados con el desalojo, y han sido puestos en una situación de extrema inseguridad legal y social.
Tales desalojos, que involucran a más de 40 000 personas , se llevan ahora a cabo con una creciente regularidad. Mujeres y hombres ancianos son enviados a casas de ancianos , mientras que su mantenimiento no lo paga el Estado sino las pensiones personales.
Los alquileres para inquilinos de apartamentos en propiedad nominal aumentaron un 60%, desde el 1º de Noviembre de 2005, pero esto no sucedió para los inquilinos que viven en apartamentos de propiedad social. Esto es descaradamente discriminatorio, ya que tales apartamentos están ocupados generalmente por pobres o ancianos, lo que significa que tales alquileres están por encima de sus posibilidades. Cuando un inquilino es incapaz de pagar dicho alquiler, el/ella se encuentra en peligro real de desalojo.

La Ley de Arrendamiento: violación de los derechos humanos en pro de ganancias parásitas

Otro aspecto injusto de la Ley de Arrendamiento, (ni siquiera George Orwell hubiera podido imaginar esto), es que las parejas deben pedir permiso al propietario nominal si quieren tener un hijo/a, y también debe pedir permiso un cónyuge cuya pareja haya muerto para vivir con su nueva pareja en el apartamento si se volviera a casar. El propietario nominal puede otorgar o negar tal permiso. Si una familia tiene un hijo/a ( a menos que decidan que tienen que abortar el feto) o el cónyuge se vuelve a casar sin el permiso del propietario nominal, pueden ser desalojados y puestos en la calle. Tampoco está permitido que el hijo/a de un inquilino se case y lleve a su esposo/a al apartamento y forme una familia.
Además, estas familias son obviamente discriminadas, porque, a diferencia de miles de otras que ocupan tal tipo de vivienda, se les niega el derecho a comprar sus casas al 10% del valor de mercado, teniendo como base que el derecho de arrendamiento es un derecho de propiedad, especialmente cuando una familia ha ocupado un apartamento por más de 50años.
Es más, las redadas sorpresa de la policía para registrar sus casas sin una orden judicial deben terminar.
Después de una guerra sangrienta en el mismo centro de Europa, todavía otra guerra parece desarrollarse: selectiva y dramática, que afecta a miles de ciudadanos cuya única falta es su situación de inquilinos.
Mientras que los aumentos de los alquileres y desalojos fueron impedidos en la mayor parte de los países durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, Croacia, con sus aspiraciones puestas en ser miembro de la Unión Europea, no ha perdido tiempo preparándose para los desalojos forzados.
iÉsto es totalmente inaceptable!
Nunca antes se había visto a los vencedores actuar tan feroz y egoístamente en su prisa por convertir el colapso de la antigua Yugoslavia en dinero en efectivo en pro de ganancias 'parásitas'.

Un frente común para restablecer el derecho a la seguridad de la vivienda

Por esto, la Alianza de Asociaciones de Inquilinos de Croacia está promoviendo la campaña Desalojo Cero en Croacia, Restablecer el derecho de los inquilinos a la seguridad de la tenencia, junto a la Alianza Internacional de los Habitantes y muchas organizaciones sociales, políticas, sindicales, así como personalidades.
El Llamamiento apela a las instituciones públicas a actuar inmediatamente, cada una dentro de su competencia específica, para parar los desalojos y suprimir la ley que está en fuerte contraste con los tratados internacionales ratificados por Croacia.
Esta llamada urgente a la acción se dirige a las instituciones locales así como a las instituciones estatales. La Campaña apela a las autoridades locales, mientras que espera el cambio en la ley nacional, para hacer algo inmediatamente: declarar su territorio ''libre de desalojos'', incluso con órdenes de requisa, tal como ocurrió en tantas ciudades francesas y en la misma ciudad de Roma .
Por último, pero no por ello menos importante, la Campaña también apela a las instituciones internacionales, especialmente la Unión Europea y el Consejo de Europa, para intervenir a un nivel institucional y asegurar que Croacia respete sus obligaciones legales internacionales en cuanto a derechos humanos. Al mismo tiempo, UN-Habitat es invitada a mandar una misión UN-AGFE (el Grupo Asesor de las Naciones Unidas para los Desalojos Forzados) para encontrarse con las instituciones y las organizaciones sociales y recoger testimonios sobre las violaciones de los derechos habitacionales y que apoye un cambio en la ley.
¿Qué podemos hacer? Mucho, tal y como ha quedado demostrado por las otras Campañas Desalojos Cero . Actúan creando lazos de solidaridad entre la movilización local y decenas de miles de personas que dan ayuda concreta a la lucha, incluso solo firmando una petición.
Por esta razón la solidaridad internacional es esencial.

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Lee el informe UN-AGFE sobre los desalojos en Croacia

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Veas el video Historia de un desalojo ordinario en Zagabria, la familia Bukal.
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Lee el mensaje de la Presidencia de la República de Croacia a la Alianza de las Asociaciones de Tenedores de Croacia.