Desalojos forzosos en Chennai (Madras)–Las demoliciones dejan a 30.000 sintecho en Tamil Nadu, India

a zona del lago Porur
Chennai, antiguamente conocida como Madras, es la capital del estado de Tamil Nadu y la cuarta ciudad más populosa de la India . Con una población estimada en 6,96 millones de habitantes (2006), esta ciudad de 368 años es la 34ta. ciudad del mundo por la extensión de su área metropolitana. Más del 26% de su población vive en asentamientos precarios.
Porur es un pequeño municipio de la extensa región metropolitana de la ciudad de Chennai y, además, una de sus zonas residenciales. En el área de Porur se encuentra el lago de Porur, uno de los principales recursos hídricos con que cuentan los residentes de Chennai. El asentamiento de Porur está situado a orillas del lago, en el límite de los distritos de Thiruvallur y Kancheepuram. El asentamiento está dividido en varios sectores: Ambedkar Nagar, Ambedkar Nagar Occidental, Samathuva Nagar (que pertenece al distrito de Thiruvallur), Selvaganapathy Nagar y Anna Nagar (que pertenece al distrito de Kancheepuram).
Para obtener más información:
Wikipedia Artículo sobre Porur
Imagen satelital del lago Porur
Imagen satelital de las zonas desalojadas , lado sur del lago Porur.

Desalojos forzosos
Los habitantes de la zona del lago Porur han sido desalojados por la fuerza, sin notificación previa ni comunicado oficial alguno. Entre el 23 y el 25 de noviembre de 2006, apareció un gran número de policías en el lugar con excavadoras y topadoras para demoler los asentamientos. El desalojo tomó a los habitantes por sorpresa, dado que los funcionarios del gobierno habían prometido brindarles los servicios públicos indispensables y, de hecho, el asentamiento ya contaba con una planta de suministro eléctrico, una estafeta de correo y teléfonos públicos.
Los pobladores no tuvieron tiempo de sacar las pertenencias de sus casas. Perdieron todos los artículos y enseres que habían conseguido durante años. Algunos no pudieron siquiera rescatar los documentos de sus hijos. Hubo tres muertos: una niña de tres años murió ahogada y otras dos personas murieron como consecuencia de un ataque cardíaco.

Antecedentes
Estas familias se afincaron en los alrededores del lago hace más de quince años. De acuerdo con la ley, son ocupantes ilegales. Estas “ocupaciones”, como se las llama, comienzan de manera sistemática. Generalmente, los primeros ocupantes de tierras, en connivencia con los partidos políticos, incitan a los "sin tierra" a registrar una parcela a su nombre a cambio de un pago simbólico. Una vez alcanzado el número de “registros” necesario, comienzan a construirse las chozas con techo de paja, con la aprobación del personal de menor rango de la Oficina de Ingresos Públicos.
Luego, se obtienen los "Certificados de Habilitación" que permiten solicitar los servicios públicos indispensables. Los organismos locales otorgan su aprobación para estas nuevas construcciones residenciales, a pesar de ser plenamente conscientes de que se trata de una violación de las normas. Los funcionarios de la Oficina de Ingresos Públicos emiten una memoria clase “B”, que sólo vale como recibo de la suma pagada por los usurpadores como multa por haber ocupado ilegalmente una propiedad del gobierno. Los usurpadores de tierras aprovechan la ignorancia de la mayoría de los habitantes de estos lugares y los convencen de que el memo es un certificado de propiedad de la tierra.
Conforme a la ley, los asentamientos del área del lago Porur se encuentran en tierras ocupadas ilegalmente. En el año 2002, el gobierno estatal había impuesto una prohibición total de construcción en las zonas aledañas a cualquier recurso hídrico.
Si bien no existe una orden judicial específica para los asentamientos del área del lago Porur, existen otras órdenes judiciales que respaldan los desalojos forzosos. Básicamente, el gobierno sostiene que la corte ha ordenado desalojar los asentamientos ilegales, cualquiera sea el lugar del estado en que se encuentren. El trabajo de las topadoras comenzó después de que la Corte Suprema emitiera en firme una orden del Alto Tribunal de Madras que ordenaba remover las 32.000 construcciones ilegales no autorizadas de la ciudad.

Sin plan de realojamiento
La gente se encuentra a la intemperie, con las pocas pertenencias recuperadas de la demolición. Las mujeres y los niños están sentados bajo un sol ardiente, sin la perspectiva de un hogar provisorio. Las autoridades no elaboraron un plan de realojamiento antes de comenzar la campaña de desalojos. Debido a esta falta de previsión por parte del gobierno, la gente está sufriendo las consecuencias y permanece en las calles. Los chicos en edad escolar no pueden asistir a clase.
Después de los desalojos, el gobierno aseguró que cada familia afectada recibiría 2.000 rupias ($45) y una parcela de tierra en las afueras de la ciudad. Los lugares ofrecidos por las autoridades para realojar a estas familias están situados a más de 20 km de los terrenos desalojados. Puesto que la gente trabaja en las zonas aledañas a los asentamientos demolidos y la mayoría de ellos depende de la ciudad, no están dispuestos a trasladarse a los terrenos ofrecidos. Por lo tanto muchas familias tuvieron que vender sus pocas pertenencias para su diaria subsistencia.

Violaciones al Derecho Nacional e Internacional de los Derechos Humanos
Las demoliciones del área del lago Porur constituyen una flagrante violación del derecho humano a una vivienda adecuada. Estos desalojos forzosos sin el realojamiento adecuado violan los derechos fundamentales a la vida y al sustento diario, consagrados en el Artículo 21 de la Constitución de la India. En base al principio de indivisibilidad de todos los derechos humanos, el derecho fundamental a la vida incluye el derecho a vivir dignamente. Más aún, el Artículo 14 de la Constitución de la India garantiza la igualdad de protección ante la ley.
La demolición también contradice el Programa Mínimo Común [Common Minimum Programme (CMP)] de la Alianza Progresista Unida [United Progressive Alliance (UPA)] del gobierno, propuesto en mayo de 2004. El CMP establece específicamente: “Se frenarán los desalojos forzosos y las demoliciones de los asentamientos y, mientras se renueva la urbanización de la ciudad, se proveerá a las familias pobres urbanas y semi-urbanas una vivienda cercana a su lugar de trabajo".
Además de contradecir el Programa Mínimo Común del gobierno nacional, los atropellos contra los pobladores del área del lago Porur constituyen una violación de los derechos humanos fundamentales a la vida, la seguridad, la salud, el trabajo y la vivienda adecuada: es decir, el derecho de todas las mujeres, hombres y niños de obtener y conservar un lugar seguro para vivir en paz y dignidad. En particular, las autoridades han violado el derecho de estas personas por cuanto no les han garantizado la seguridad de la tenencia (que implica no ser desalojadas de manera forzosa de su tierra), el acceso a los bienes y servicios públicos y, por ende, a gozar de sus beneficios; el derecho a informarse, capacitarse, así como a participar y expresarse libremente; el derecho a ser reubicados e indemnizados adecuadamente por las violaciones y las pérdidas sufridas y, finalmente, el derecho a la seguridad física y la privacidad. Todos estos elementos integran el derecho humano a una vivienda adecuada, tal como lo reconoce el derecho internacional.
Asimismo, los desalojos suponen una violación por parte de las autoridades de la India, incluidas las autoridades locales, de las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) al que la India adscribió en 1979, en particular de sus Artículos 2, 11, 12, 13 y 15. El Estado ha descuidado las obligaciones establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su Observación General N°4, referida al derecho a una vivienda adecuada, y N° 7, referida a los desalojos forzosos. El Estado de la India también ha contravenido las obligaciones especificadas en los Artículos 16, 27 y 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), a la que adscribió el 11 de diciembre de 1992, a pesar de las Observaciones Finales sobre la India formuladas por el Comité de los Derechos de los Niños en su 35ª. sesión del 26 de febrero de 2004: “el Comité recomienda también al Estado en su conjunto que impida que se produzcan realojamientos o desplazamientos forzosos y otros tipos de movimientos en contra de la voluntad de la población”.
Además, se ha violado el Artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificado el 9 de julio de 1993; los Objetivos del Milenio [Millennium Development Goals (MDGs)], sobre todo el n°7-11, en lo que concierne a lograr antes del año 2020 un significativo avance en la calidad de vida de los cien millones de habitantes de los asentamientos precarios; y los nuevos “Principios básicos y lineamientos sobre desalojos y desplazamientos” del Relator Especial sobre Viviendas Adecuadas de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Un millón de desalojos esperan su turno
El 2 de diciembre de 2006, el gobierno estatal ha formado grupos a nivel estatal y de distrito para iniciar lo antes posible el desalojo de los terrenos gubernamentales usurpados. De este modo, los desalojos que se producirán próximamente a lo largo el estado de Tamil Nadu amenazan a cerca de un millón de personas que se quedarán sin hogar.

Urgente Pedido de Acción Solidaria:
En vista de la situación, la ONG Pasumai Thaayagam (Green Motherland) y el Centro de Investigación y Trabajo Social [Centre for social work and research (CSWR)], junto con la Alianza Internacional de Habitantes están lanzando una “Campaña por el Derecho a una Vivienda Digna y Desalojos Cero" en Tamil Nadu, India.

>>>Por favor, exprese su solidaridad firmando este Llamamiento a las autoridades de la India para instarlos a respetar las obligaciones dispuestas por el derecho nacional e internacional de proteger, promover y satisfacer el derecho humano a una vivienda adecuada.
El llamamiento incluye además a las Naciones Unidas, en particular el programa UN-Habitat, los gobiernos del G8 y los países acreedores de la India, para que tomen urgentes medidas al respecto.