Los desalojos forzosos constituyen violaciónes del artículo. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, ratificado por Italia con la Ley N. 881 de 05/09/1978, que debe ser respetado por todas las autoridades públicas y prevaleciendo sobre otras normas. Los Comentarios generales N. 4 y N. 7 del Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el artículo 11 del PIDESC, prohíben los desalojos forzosos, sin ninguna distinción entre inquilino, propietario, ocupante, en particular los desalojos sin realojo acordado, decente y respetuoso de los derechos humanos.
 
En Milán y en muchas otras ciudades de Italia los desalojos, incluso violentos, son lamentablemente comunes.
Así que las organizaciones de habitantes, tales como los centros comunitarios y la Unione Inquilini   (Unión de Inquilinos), están involucrados diariamente en la resistencia y, desde hace mucho tiempo, están exigiendo la moratoria de los desalojos.
 
Por estas razones hemos decidido transferir de Ginebra a Milán la 4a Sesión del Tribunal Internacional de Desalojos (09 al 10/10/2014)  en el marco de las Jornadas Mundiales Cero Desalojos  de octubre. Las Recomendaciones , elaboradas por un Jurado de expertos internacionales sobre la base de los casos recibidos, fueron entregadas con una sentada bajo la Prefectura de Milán , para los Ministros europeos de cohesión social reunidos en la ciudad en esos días. En particular, se ha solicitado formalmente el Prefecto de Milán para implementar la moratoria inmediata de  todos los desalojos.
 
Por lo tanto, en primer lugar, confirmamos la máxima solidaridad con las personas desalojadas y las organizaciones de habitantes que las apoyan. El respeto de la ley debe comenzar con el uso social de las cientos de miles de viviendas vacías debido a la especulación, primero de  las más de 9.000 de propiedad pública en Milán, incluso por la requisición y la autorcuperacion, no por la violencia de los desalojos.

Al mismo tiempo, enviamos una notificación formal al Prefecto de Milán exigiendo el respeto de la L. 881/78, detenendo inmediatamente el uso de la fuerza pública en los desalojos. Una suspensión de ampliarse en toda Italia.

Además, pedimos a Leilani Farha, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda, para recordar a las autoridades italianas su obligación legal de cumplir con la normativa, arrojar luz sobre la violencia que acompañó a los recientes desalojos de Milán, pedir su cese inmediato y reparar el daño sufrido por las personas involucradas.
 
No hace falta decir que la Alianza Internacional de los Habitantes suscribe al Llamado solidario propuesto y que estamos comprometidos a difundir internacionalmente.

La Unione Inquilini ya ha emitido un comunicado el 20/11/14: Milán: Desalojos en Giambellino, Detenciones indignas de una sociedad civilizada .