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Campaña Cero Desalojos

UN-Habitat pide un aplazamiento inmediato de las demoliciones y los desalojos en Port Harcourt

Mientras que el gobernador de River State no cesa en su empeño por llevar a cabo la demolición de los muelles de Njemanze y Abonnema Wharf en contra de la Orden firmada por el Tribunal Supremo Federal, UN-Habitat ha dado a conocer el informe realizado sobre la situación en Port Harcourt (misión del 12 al 16 de marzo de 2009).

El Gobierno de River State no ha emitido ningún comunicado al respecto, pero nuestras fuentes confirman que recibieron el informe y estaban al tanto de las evaluaciones que UN-Habitat expresó sobre los desalojos en Port Harcourt.

Una bomba informativa: Más de 300.000 residentes víctimas de desalojos

El Informe es llamativo: si el programa de renovación urbana del GRS (Gobierno de River State) se lleva a cabo como está previsto, en Port Harcourt se destruirán probablemente más de 300.000 hogares. Además de las viviendas, se van a demoler numerosas tiendas, talleres y otros pequeños comercios repartidos por toda la ciudad que son el sustento de ciudadanos con bajos ingresos. La investigación estima que tan sólo el proyecto Silverbird Showtime, diseñado para promover un negocio de salas de cine privado y no para la prevención del crimen ni para la renovación urbana como se anunció, afectará con las demoliciones a 100.000 -150.000 personas.

Demoliciones que conllevan sin duda consternación, pobreza perpetua y desamparo y por tanto comprometen los progresos de Nigeria por alcanzar la meta 11 del ODM 7 (Objetivos de Desarrollo del Milenio), que busca mejorar las condiciones de vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios pobres para el año 2020.

Violación de las cláusulas legales y observación inadecuada para su debido cumplimiento

Las demoliciones llevadas a cabo no cumplen con el marco institucional previsto por la ley

El GRS no cumple con las leyes regionales ni con las leyes internacionales sobre derechos humanos (art. 11 ICESCR y Comentarios Generales 4-7) y no ha implementado la mayoría de las cláusulas del Plan Físico de River State ni de la Ley de Desarrollo de 2003. Dicho de otra forma, las demoliciones no cumplen con el marco institucional provisto por la ley.

El uso discrecional del control del desarrollo no cumple con la agenda de Habitat.

La investigación observó que el uso discrecional del control del desarrollo se contradice con las cláusulas de la ley de 2003 que aboga por un enfoque más participativo, humanitario e integrador. Los resultados concluyen que la política actual es excluyente, no favorece a los más pobres y no cumple con la agenda de Habitat. Esta contradicción es costosa social y económicamente y tiene implicaciones muy negativas para la imagen de la ciudad a nivel internacional.

Violación de la Ley sobre el régimen del suelo de 1978: Ventajas sólo para los propietarios, no para los arrendatarios

El GRS “compra" íntegralmente las propiedades a sus respectivos propietarios en vez de adquirir la tierra a través de una orden de cesión de terreno para fines públicos, tal y como se expone en los estatutos (Ley sobre el régimen del suelo de 1978). No se ofrecen alternativas. El GRS no ofrece realojos ni compensaciones a los arrendatarios y no prevé establecer ningún mecanismo de ayuda a los arrendatarios desamparados.

Ninguna consideración de los derechos de los arrendatarios a pesar de la orden de detención de las demoliciones del Tribunal Supremo Federal.

El desalojo de los arrendatarios llevado a cabo por el GRS se contradice con la legislación sobre arriendos de River State que expone que sólo un tribunal puede ordenar el desalojo de los arrendatarios de un terreno siempre y cuando las razones se ajusten a propósitos de interés público.

La investigación confirmó que los arrendatarios de estructuras legales de la parte alta de Abonnema Wharf Road que fueron demolidas en febrero de 2009 habían iniciado acciones legales contra el GRS en agosto de 2008. Pedían un requerimiento legal para impedir que el GRS interfiriera en los derechos constitucionales de los arrendatarios correspondientes a la privacidad, la vida familiar y la dignidad del ser humano. El GRS ignoró la orden del Tribunal Supremo Federal contra la Comisión para el Desarrollo Urbano para que se detuvieran las demoliciones y finalmente llevó a cabo los desalojos.

Notificaciones inadecuadas y violencia

Las demoliciones que el GRS llevó a cabo no fueron correctamente notificadas a los habitantes que debían evacuar los edificios. La investigación ha corroborado casos en los que no se permitió a los habitantes recoger sus efectos personales de los edificios que iban a ser demolidos. Por otra parte, se informó del uso de la fuerza por parte del gobierno durante las demoliciones en Abonnema Wharf Road.

El GRS no puede llevar a cabo la demolición de barrios pobres sin la autorización del Gobierno Federal

El fundamento adicional más importante del informe final tiene que ver con el estado de ocupación de los asentamientos del muelle: la mayor parte de los muelles son propiedad del Gobierno Federal, por ejemplo de la National Inland Waterways Authority (Autoridad nacional de canales interiores). Si fuera verificado por una evaluación sistemática del terreno, implicaría que el GRS no puede para llevar a cabo la demolición de barrios pobres y/o su remodelación sin la autorización del Gobierno Federal.

Google Maps image

Google Maps image of the upper part of Abonnema Wharf Road and Njemanze Street before demolition (the now demolished area is marked in red)

En base a la evaluación independiente de la situación en Port Harcourt, la investigación de UN-Habitat recomienda que el Gobierno de River State anuncie de forma inmediata el aplazamiento de las demoliciones y los desalojos hasta que se implementen las 18 recomendaciones al respecto.

De esta forma, UN-Habitat ha mandado el Informe al Gobernador ejecutivo de River State. En la carta de presentación se hace un llamamiento al aplazamiento de la demolición inminente de un asentamiento situado en un muelle para, de esta forma, ganar tiempo y poder alcanzar un acuerdo alternativo. Asimismo, la carta propone que el Gobierno y UN-Habitat organicen conjuntamente un Foro de consulta para llegar a una solución alternativa entre todas las partes interesadas.

En la misma línea que las 18 recomendaciones del Informe, el objetivo de este Foro sería desarrollar un enfoque integrador para el desarrollo urbano y de la ciudad. En beneficio de la población afectada, este Foro debería ponerse en marcha lo antes posible.

A pesar de estas peticiones, el Gobierno de River State mandó equipos de demolición a uno de los asentamientos de un muelle situado justo al lado del proyecto Silverbird Showtime.

Así, tal y como se expone en la agenda de Habitat y como ya enfatizó el Profesor Falade del Programa Habitat el 23 de febrero de 2009, UN-Habitat no puede comprometerse a prestar asistencia mientras continúen los desalojos y las demoliciones por parte del GRS.

Teniendo en cuenta que el hallazgo más relevante del Informe es que las peticiones e informes previos recibidos por los investigadores han verificado y denunciado las demoliciones, el aplazamiento de los desalojos es una condición sine qua non en la búsqueda de una cooperación eficaz y fructífera entre UN-Habitat y el Gobierno de River State por alcanzar una Ciudad Jardín incluyente y sostenible.

Ahora es el turno de las asociaciones de ciudadanos y la solidaridad internacional para que entre todos detengamos estos desalojos a gran escala.

Observadores independientes de Naciones Unidas alertan sobre los desalojos masivos en Nigeria


Los(las) siguientes Traductores(as) Voluntarios(as) por el derecho a la vivienda sin fronteras de la AIH colaboraron para la traducción de este texto:

Sara Crespo, Eva Chaler