El capital internacional y las ciudades del sur

“Ciudades de talla mundial”, “infraestructura que atraiga inversiones”, “inversión extranjera directa” (o “FDI”, según las siglas en inglés), “ciudades como motor de crecimiento” son los nuevos términos que se han incorporado en el vocabulario del desarrollo. Estos son los términos que están utilizando los políticos y los desarrolladores urbanos del gobierno en las ciudades asiáticas, y es en gran parte debido a ellos que el enfoque del planeamiento ha experimentado un cambio completo. Los gobiernos locales sólo piensan en hacer ciudades “hermosas” para los visitantes e inversores. Esto significa construir cruces y autopistas elevadas en vez de controlar y planificar el tráfico; edificar torres de apartamentos de muchas plantas en vez de mejorar los asentamientos; construir centros comerciales en vez de mercados tradicionales (que están siendo desalojados ); desplazar a los pobres del centro de la ciudad hacia la periferia para mejorar la imagen de la ciudad y promover la inversión extranjera directa y fomentar los servicios para el turismo en vez de apoyar a los comercios locales. Para llevar a cabo lo antedicho, los gobiernos buscan la ayuda del sector corporativo internacional (desarrolladores, bancos, proveedores de tecnología e instituciones financieras internacionales –IFI).

La agenda mencionada es muy costosa. Con ese fin, se han negociado préstamos considerables con las IFIen una escala impensable anteriormente. Por ejemplo, entre 1976 y 1993, el gobierno de Sindh solicitó un préstamo de 799,64 millones de dólares para desarrollo urbano, que se destinó casi enteramente a Karachi. Recientemente, el gobierno ha pedido prestados 800 millones de dólares para el proyecto “Karachi Mega City”. De esa suma, 5,33 millones han sido destinados al pago de la asistencia técnica proporcionada por los consultores extranjeros.

Casi todos los proyectos diseñados y financiados con préstamos anteriores no llegaron a cumplir sus objetivos y hay evidencias para demostrar que estos proyectos tendrán el mismo destino puesto que se está siguiendo el mismo proceso de diseño e implementación que antes. Muchos de los nuevos proyectos se están llevando a cabo con la modalidad BOT [Build, Operate & Transfer – Concesión de construcción, operación y transferencia]. Está claro que estos proyectos han sustituido al planeamiento urbano. Esto es especialmente cierto en los proyectos relacionados con el transporte. Ciudades tales como Bangkok, Manila, El Cairo y Calcuta (actual Kólkata) han hecho inversiones importantes en sistemas ligeros de metro y ferrocarril. Otras ciudades asiáticas están siguiendo su ejemplo. Sin embargo, estos sistemas son demasiado costosos para ser desarrollados a una escala suficiente como para cambiar las cosas.

El tren ligero de Manila satisface sólo el 8 por ciento de los viajes; el tren y el metro aéreos de Bangkok, el 3 por ciento y el metro de Calcuta incluso menos. Las tarifas del metro y ferrocarril ligeros son entre 3 y 4 veces más altas que las tarifas del autobús. Consecuentemente, la mayor parte de los viajeros continúa viajando por el sistema de autobús que ha sufrido una reducción de servicios. Además, los bancos y las compañías de leasing nunca han tenido más liquidez que ahora. Sin embargo, debido a la libertad que gozan hoy estas instituciones de préstamo, esta liquidez se utiliza para otorgar préstamos a interés alto y a corto plazo que no conllevan ninguna ventaja ni para la ciudad ni para la mayoría de sus residentes. Por ejemplo, en el ejercicio presupuestario anterior el parque automotor de Karachi se incrementó en 502 vehículos por día, más de la mitad de los cuales son automóviles. Se estima que cerca del 50 por ciento de ellos se han financiado con préstamos de los bancos y de las compañías de leasing. Esto significa una inversión de 1,125 mil millones de dólares que habrían podido utilizarse fácilmente para mejorar el sistema de transporte público o para remediar la gran necesidad de viviendas sociales.

La naturaleza de las inversiones que se hacen en muchas de las ciudades asiáticas y sus fundamentos ideológicos están llevando a un incremento de las comunidades nomades; al desalojo de los asentamientos, vendedores ambulantes y negocios informales; al establecimiento de asentamientos informales lejos de la ciudad y de las instituciones de servicio social; a la exclusión de las comunidades más pobres de los espacios públicos de recreo y entretenimiento (debido al aumento del valor de la tierra) y a una urbanización ad hoc de terrenos ecológicamente sensibles y agrícolamente productivos. La supervisión de los desalojos llevada a cabo por la Coalición Asiática por el Derecho de la Vivienda, una ONG con sede en Bangkok, ha demostrado que en siete países asiáticos (Bangladesh, China, India, Indonesia, Japón, Malasia y Filipinas) los desalojos están aumentando drásticamente. Entre enero y junio de 2004, se desalojó a 334.593 personas de las áreas urbanas de estos países y, de enero a junio de 2005, a 2.084.388 personas. En Karachi, los desalojos se han cuadriplicado en los cuatro últimos años y un número creciente de familias vive y duerme actualmente en las calles, a falta de otra solución. Las razones principales de estos desalojos son el “embellecimiento” de la ciudad, los megaproyectos y la avaricia de los constructores por poseer nuevas tierras, que cuenta con el respaldo de políticos y burócratas. En la mayoría de casos, la gente no recibió ninguna compensación por las pérdidas sufridas y los asentamientos se relocalizaron de 25 a 60 kilómetros del centro de ciudad. Los planes estratégicos y/o generales en vigencia no le dan prioridad a los asuntos socioeconómicos resultantes de estas tendencias (a diferencia de lo que ocurría en la década del ochenta).

La brecha entre ricos y pobres ha aumentado como resultado de estas políticas. Los subsidios para los sectores sociales y el aumento de la inflación y del precio de los servicios públicos, especialmente en los países que han experimentado el ajuste estructural, ha incrementado aún más esta brecha. La encuesta económica 2006/2007 realizada en Pakistán reconoce que la diferencia entre ricos y pobres se está ensanchando. Según la encuesta, al 20 por ciento más rico de la población le corresponde 39,4% del consumo, mientras que al 20 por ciento más pobre le corresponde sólo el 9,5%.

La encuesta constata que la diferencia está creciendo a pesar del 7 por ciento de crecimiento del Producto Bruto Interno. Sin embargo, la repercusión más grave de este nuevo paradigma de desarrollo es que el poder abrumador del capital, los consultores internacionales y sus socios locales ha debilitado las instituciones del gobierno y el proceso político democrático.

Los gobiernos se han vuelto sordos a las preocupaciones de los grupos académicos y ambientalistas que se oponen a estas políticas. Y todo esto en una época en que los medios de comunicación son más libres que antes y las “colaboración” está a la orden del día. Las ONG, así como los académicos y grupos activistas de la comunidad que actúan en la mayoría de las ciudades asiáticas en las cuales he trabajado tienen las mismas quejas: alegan que las consultas son un cuento chino y las evaluaciones de impacto ambiental, sellos de goma. Mientras tanto, hoy en día casi todas las ONG –una exitosa experiencia producto del populismo de los años 80– parecen haberse vuelto “respetables” y trabajan en sociedad con los gobiernos. El movimiento de las ONG también ha experimentado un cambio. Se ha transformado cada vez más una industria dirigida por “profesionales del desarrollo” y no por el altruismo populista. ¡La mayor parte de estos “profesionales del desarrollo” se han capacitado en cursos especiales de las universidades del Primer Mundo que han convertido las investigaciones del Tercer Mundo en teorías de desarrollo!

Si la tendencia actual continúa, entonces la brecha entre ricos y pobres, los desalojos, los asentamientos informales y la exclusión afectarán no sólo con los pobres sino también a los ricos que terminarán viviendo en ghettos, protegidos por guardias armados y sistemas de seguridad (esto ya está sucediendo).

Las cuestiones del gobierno se relacionarán cada vez más con la ley y el orden que con la justicia y la equidad. Esto aumentará la fragmentación, puesto que los únicos que podrían mantener la unión en la ciudad son los miembros de la clase media que se encuentra en un agresivo proceso de ascensión social que, por su naturaleza intrínseca, no está interesada en las cuestiones de justicia y equidad. Además, el desarrollo se producirá en aquellos lugares que le convengan al inversor y así las otras regiones quedarán relegadas (esto también está sucediendo ahora). La continuidad del proceso actual es una receta para futuros conflictos.

El capital extranjero (y la liquidez local) tienen sus ventajas y deben ser estimulados. Sin embargo, es necesario que se adapte a un plan de desarrollo superador basado en principios urbanísticos que permitan crear ciudades inclusivas y ambientalmente acogedoras. Estos principios podrían resumirse de este modo: 1) el planeamiento debe respetar la ecología de las áreas en las cuales se sitúan los centros urbanos; 2) el uso del suelo debe determinarse en base a consideraciones sociales y ambientales y no solamente en base al valor actual o potencial del suelo; 3) el planeamiento debe dar prioridad a las necesidades de la mayoría de la población, que en el caso de Asia son las comunidades de ingresos bajos y medio-bajos, vendedores ambulantes, negocios informales, peatones y usuarios de los medios de transporte; y 4, el planeamiento debe respetar y promover el patrimonio cultural, tangible e intangible, de las comunidades que viven en la ciudad. Las ordenanzas municipales de zonificación deben desarrollarse en base de estos principios, de modo que favorezcan la construcción de calles acogedoras para los peatones y los usuarios, los espacios amplios y abiertos y un uso múltiple del suelo.

Si se toman como ejemplo las ciudades del sur de Asia, entonces lo que se requiere es: 1) gravar fuertemente la no-utilización de la tierra para incorporarla al mercado inmobiliario; 2) establecer una fecha límite para la regularización de los asentamientos informales y el fin de los desalojos (cuando se requiera relocalización, debe pagarse una remuneración acorde a la tarifa del mercado); 3) planificar la ocupación ilegal por cinco años, durante los cuales deben desarrollarse programas que cubran la brecha entre la oferta y la demanda de vivienda para gente de bajos ingresos; 4) iniciar programas de edificación de terrenos que solucionen con éxito los asuntos relacionados con la asignación y la especulación (aparte de la escasa construcción de viviendas sociales, la falta de respuestas a estas cuestiones es la razón principal de la ausencia de iniciativas de urbanización social en todo el Tercer Mundo); 5) desarrollar leyes, normas y procedimientos para garantizar que los recursos naturales, de ocio y de esparcimiento de la ciudad no sean para uso exclusivo de la élite o de las clases medias; 6) establecer un régimen de privatización apoyado en acuerdos institucionales que garanticen la provisión de empleo y desarrollo sostenibles y 7) entender que todos los programas y proyectos deben ser dados a publicidad en su etapa conceptual, estar sujetos a audiencias públicas antes de su finalización, ser supervisados por un comité directivo de los grupos de interés, publicar regularmente sus estados de cuenta, que deberán ser supervisadas por un funcionario de gobierno de principio a fin.

La pregunta principal es: ¿cómo se puede cumplir esta agenda en una época en que la evolución social y política fluctúan continuamente y la economía está controlada globalmente por organizaciones internacionales no democráticas? Por ejemplo, los cinco miembros que controlan la ONU resultaron vencedores en la Segunda Guerra Mundial; el FMI y el Banco Mundial funcionan bajo el principio de un dólar/un voto; la Organización Mundial del Comercio se creó a partir de las negociaciones secretas que dieron origen al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT).

¡En esta época de globalización tenemos instituciones internacionales poco democráticas! En muchos países, las organizaciones civiles de la sociedad se han unido para desafiar el nuevo paradigma urbano del desarrollo. Sin embargo, la mayor parte de ellas son financiadas por agencias bilaterales y ONG internacionales (o los gobiernos que ellas representan) que son promotoras de este paradigma. Quizá debido a esto, su éxito se ha limitado. Existen también movimientos internacionales que buscan modificar las injusticias en las relaciones globales de comercio y ayuda, pero se han debilitado en estos últimos años. La única opción viable parece ser que esta importante cuestión forme parte integral de un proceso político más amplio dentro de sus propios países. El gran interrogante es cómo hacerlo realidad pero de manera eficiente.