Cáncer de la vivienda indigna se propaga por el mundo

Sesenta millones de personas marginadas se sumaron desde 2000 a la población urbana mundial, y la de los barrios miserables aumenta 10% cada año, según estadísticas de la ONU citadas en el capítulo del Informe titulado “Vivienda, tierra y desarrollo sustentable”, elaborado por Miloon Kothari, ex relator especial de Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada, y Shivani Chaudhry, director asociado de la Red de Vivienda y Derechos a la Tierra de India.

“En el peor de los casos, los habitantes de barrios miserables habrá aumentado de 1.000 en 2005 a 1.600 millones en 2020”, advirtieron los expertos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que más de 35% de la población mundial carece de servicio adecuado de saneamiento, de los cuales 70% viven en áreas rurales.

Uno de los factores que inciden en la situación, según Kothari y Chaudhry, es el rumbo de la globalización económica. A pesar de que surgen “fuentes de riqueza nuevas y sin precedentes”, sostuvieron, “las desigualdades en los ingresos y las oportunidades entre y dentro de las naciones” elevaron la cantidad de personas “que viven en condiciones inadecuadas”, observaron.

“La privatización de servicios básicos” y “la incapacidad de los gobiernos” para asegurar el acceso al agua y la vivienda impacta “desproporcionadamente sobre los sectores más pobres y vulnerables”, explicaron los expertos.

También “la especulación en espiral sobre la tierra y la propiedad” contribuye “al desplazamiento de los pobres” en áreas urbanas y rurales, agregaron. Las ciudades, al competir por capitales de inversión, permitieron la ampliación de las desigualdades, lo que causa “segregación residencial” y “polariza aun más la sociedad”, en “una nueva forma de apartheid”.

“En las áreas rurales, la creciente sed de minerales y energía ha llevado a la toma de tierra sin precedentes para megaproyectos de desarrollo y extracción, amenazando severamente los medios de vida y la seguridad alimentaria”, agrega el capítulo del Informe de Social Watch.

Al mismo tiempo, los Estados desconocen “la importancia de los recursos de propiedad común en las zonas urbanas y rurales” y “los derechos basados en la propiedad colectiva y comunitaria”, lo cual destruye viviendas, medios de vida y la cultura de indígenas y otras comunidades locales, sostuvieron Kothari y Chaudhry.

“La falta de inversión” en estos campos fuerza una emigración “a una escala sin precedentes” de personas que “terminan viviendo en condiciones precarias o inadecuadas”, especialmente por el “poco o ningún acceso a servicios básicos como agua y saneamiento”. Al mismo tiempo, crecen en “proporciones alarmantes” los desalojos forzados “en nombre del ‘desarrollo’”, por proyectos de renovación y embellecimiento urbano, de infraestructura (minería, carreteras, puertos y represas), por “la adquisición de tierras agrícolas para la industria”, y por los conflictos armados, añadieron los expertos.

“A nivel mundial, las políticas de reasentamiento de desalojados son inexistentes o no se basan en normas de derechos humanos”, advirtieron.

Incide, además, el impacto del cambio climático y de las medidas para mitigarlo o adaptarse al fenómeno, indica el estudio. “Los más afectados” ya por el fenómeno “son los pobres de los países ‘menos adelantados’, de las regiones áridas, semiáridas y árticas, y de las pequeñas islas-Estado, donde se prevé “un amplio desplazamiento y reubicación forzosa de comunidades vulnerables”.

Un cambio de enfoque necesario

Mientras estos problemas recrudecen, la sociedad civil de todo el mundo articula el principio del “derecho a la ciudad”, promueven “la tierra como un derecho humano” y resaltan “la necesidad de recuperar la función social de la propiedad”, agregaron los expertos. Este enfoque enfatiza en la “intextricabilidad de la totalidad de los derechos humanos” y en que el desconocimiento de los derechos a la vivienda adecuada y a la tierra “ha resultado en un ciclo de pobreza absoluta que impide el disfrute de diversos derechos humanos afines”, entre ellos los relativos a la alimentación, el agua y la salud “en el contexto del desarrollo sustentable”.

Descartar este enfoque derivará en “”más hambre, desposeimiento, falta de vivienda y de tierras, y en degradación ambiental”, con un impacto “especialmente grave para las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, las comunidades costeras, los habitantes de los bosques, los pequeños agricultores, los trabajadores sin tierra y los pobres urbanos”, según el informe.

“Los derechos a la vivienda y la alimentación de los millones de habitantes de viviendas autoconstruidas que dependen de manera directa de los recursos naturales se ven amenazados por la falta de un medio ambiente seguro (libre de la contaminación del agua y del aire), y de recursos medioambientales (bosques, masas de agua), así como de medios de vida”, advirtieron.

Para eliminar la amenaza, es preciso “asegurar el acceso a los recursos naturales y a los medios de subsistencia de las comunidades; el uso de tecnologías ‘verdes’ y la adhesión a los códigos de construcción ecológicos; edificación de viviendas resistentes a desastres; su ubicación en sitios seguros y cercanos a los lugares de trabajo, de educación y de salud” y el “uso de materiales indígenas y culturalmente apropiados”.

También se requerirá de “seguridad en el arrendamiento y protección contra la violencia y el desalojo” y “garantizar el consentimiento previo e informado de las poblaciones afectadas” por los proyectos de desarrollo, indicaron los expertos.

Casos nacionales

Los proyectos de planificación urbana de Serbia en zonas costeras del mar Adriático hoy habitadas por dos millones de personas permitirían el asentamiento de 17 millones, por lo que se prevé un “impacto enorme”. Las áreas urbanas también avanzan sobre tierras agrícolas. En las ciudades, romaníes y desplazados internos carecen de vivienda adecuada y de agua potable. En las áreas rurales, la degradación de la tierra contribuye a la pobreza. También en Croacia las tierras agrícolas son utilizadas para la construcción como parte de las políticas de planificación urbana.

Las viviendas deficientes en las ciudades hondureñas de San Pedro Sula y Tegucigalpa tuvieron un crecimiento explosivo por la migración desde áreas rurales. La población de barrios miserables en ambas creció de 900.000 personas en 1990 a 1.283.843 en 2010, las que viven en peligro por los materiales de mala calidad usados en la construcción “y la incidencia de fenómenos climatológicos que propician deslizamientos, inundaciones y destrucción”, indica el informe nacional.

Polonia carece de una política de viviendas para grupos de bajos ingresos. Casi un tercio de la población vive en hogares hacinados. Más de 60% de las viviendas necesitan importantes reformas y más de la mitad tienen más de 40 años de antigüedad. La mala calidad de las construcciones eleva el consumo familiar en energía para calefacción.

La acelerada urbanización de la República Centroafricana redujo la superficie cultivada para su utilización inmobiliaria, impulsó la construcción anárquica de viviendas, la concentración de contaminantes, la degradación de los suelos y la alteración del régimen hidrogeológico, la sabanización y la predesertificación. En algunos barrios de Bangui, la capital, hay electricidad solo cuatro días por semana y el acceso al agua potable es en extremo limitado.

En Malasia, se está inundando toda una zona de selva tropical para construir una enorme represa hidroeléctrica y al menos 15 comunidades han sido trasladadas. En Bangladesh, se prevé que el cambio climático, además de reducir la producción agrícola y la disponibilidad de agua potable, eleve el nivel de los mares y desplace a millones de personas, a menos que se fortalezcan los pólderes costeros existentes y se construyan otros.

En la capital de México, miles de personas protestaron en febrero de 2011 contra diversos megaproyectos que, según advirtieron, destruirán árboles y áreas verdes que dañarán irreparablemente los pulmones de la ciudad, construcciones en zonas protegidas y de alto valor ambiental y graves impactos en los acuíferos.

El uso de madera para construir contribuyó con la deforestación, con el consecuente agravamiento de las ya malas condiciones de vida de las comunidades locales, en Guatemala, Nigeria, Senegal y Tailandia. En Sri Lanka el fenómeno se vinculó con la reconstrucción de viviendas e infraestructura destruida por el tsunami de 2004.

Fuente
Informe de Social Watch 2012: http://bit.ly/sEpkxf