Brasil, La Reforma Urbana y el Paquete Habitacional

La construcción de 1 millón de viviendas, frente al déficit habitacional brasileño y la coyuntura de crisis internacional vigente, puede constituirse en importante medida de promoción del derecho a la ciudad, de combate al desempleo y de inclusión social, siempre que el programa atienda prioritariamente los intereses populares, compuesto por los segmentos sociales de baja renta y por los sin techo. En ese sentido, es preciso tener en consideración el déficit habitacional cuantitativo del Brasil, estimado en 7,9 millones de viviendas; y el déficit cualitativo, estimado en 10 millones de viviendas, según el Plan Nacional de Vivienda, elaborado por el Gobierno Federal, que se encuentra en etapa de finalización.

Consideramos que un programa de esa naturaleza puede ser un avance, si en la práctica representara una respuesta a las demandas de movimientos por la reforma urbana brasileña. El FNRU considera además que tal programa puede tener un impacto positivo en la dinámica económica en razón de la capacidad de generación de empleos en el sector de construcción civil, involucrando a los sectores de servicios, industria, comercio, tecnología, etc.

Mientras tanto, es preciso tener en consideración que, tradicionalmente, la política habitacional brasileña estuvo centrada en la oferta de subsidios y créditos individualizados para la obtención de la propiedad privada, para la construcción de unidades habitacionales también individualizadas, sin que las necesidades habitacionales de la población de baja renta fuesen efectivamente atendidas. De hecho, para atender las necesidades habitacionales de esa población es preciso un conjunto de medias que articule

(i)      el aprovechamiento de los inmuebles públicos vacíos y subutilizados;

(ii)    la aplicación de la concesión de uso especial para fines de vivienda

(iii)   el reconocimiento de nuevos regímenes de propiedad inmobiliaria como, por ejemplo, las propiedades cooperativas, ya existentes en Uruguay;

(iv)  el perfeccionamiento de las modalidades de financiamiento y la adopción de nuevas modalidades de oferta de servicios habitacionales como, por ejemplo, el arriendo subsidiado; y

(v)    la asistencia técnica articulada con recursos para la promoción habitacional por autogestión o para la compra de materiales de construcción entre otros.

La cuestión central es combatir el padrón periférico, precario y discriminatorio de localización de las viviendas populares, que marca la política habitacional hasta ahora, en gran escala, en las ciudades brasileñas. Para eso, es fundamental hacer todos los esfuerzos de aplicación de los instrumentos de reforma urbana existentes, tales como el Estatuto de la Ciudad, el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social (SNHIS), el fondo Nacional de Vivienda de Interés Social (FNHIS) y a la recientemente aprobada Ley Federal 11.888/2008 de Asistencia Técnica.

Así, previendo la ejecución del programa anunciado en la perspectiva del derecho a la ciudad, el FNRU considera que es necesario respetar los siguientes aspectos:

1 . Prioridad para la construcción de viviendas en sintonía con la política nacional de desarrollo urbano, garantizando que la construcción de 1 millón de nuevas viviendas esté articulada con el Plan Nacional de Vivienda (PLANHAB) que está siendo terminado en el ámbito del Consejo Nacional de las Ciudades en conjunto con el Ministerio de las Ciudades;

2. Prioridad para las familias con renta familiar de 0 a 3 salarios mínimos, que es la porción donde se concentra el 90% del déficit habitacional, con la garantía de subsidios adecuados para esa porción de renta, y, de forma subsidiaria, hasta 5 salarios mínimos, visto que estas familias son aquellas que presentan mayores necesidades y mayores dificultades en acceder a los programas de vivienda. Una de esas medidas debe ser el establecimiento de un Fondo de Garantía que facilite el acceso al financiamiento y el pago de las prestaciones de los mutuarios que por ventura queden desempleados.

3. Que el programa adopte mecanismos de sustentabilidad ambiental, como uso de madera certificada, de energía solar, de racionalización del uso del agua, de recolección, tratamiento y destinación final de las aguas servidas de forma técnicamente correcta.

4.  Prioridad para la Producción Social de Vivienda, asistida técnicamente con base en la ley federal 11.888/08.

5. Prioridad en la destinación de recursos para los grandes centros urbanos, en las áreas centrales e con implementación de infraestructura, con parámetros diferenciados de financiamiento, de modo que los sectores privado y público prioricen la implantación de viviendas en lugares con servicios de salud, educación, transporte, saneamiento básico, revirtiendo la tendencia actual de concentrar los emprendimientos de vivienda popular en áreas distantes y sin infraestructura urbana y social y provocando el aumento de la segregación y de la violencia urbana.

6. Que las concesionarias de servicios públicos de saneamiento y energía sean obligadas a implantar la infraestructura de abastecimiento de agua, servicio sanitario y energía en los programas de vivienda popular, teniendo en cuenta que estas inversiones serán amortizadas por la cobranza de la prestación del respectivo servicio a los futuros moradores. Es importante recalcar que esta inversión, que representa en promedio un 6% del costo de la unidad habitacional, es actualmente asumida por los emprendedores (que la traspasan a los futuros moradores) o al Poder Público Municipal. En este sentido, también es fundamental regular la ley nacional de saneamiento ambiental (ley 11.445/07) a fin de viabilizar la universalización de los servicios de saneamiento y el control social sobre éstos.

7. Que paralelamente a la construcción de las nuevas viviendas, se garantice la implementación de la política de regulación del uso del suelo y de los instrumentos previstos en el Estatuto de la Ciudad, a manera de impedir la especulación inmobiliaria y presionar por la ocupación de los vacíos urbanos.

8. Que los recursos sean destinados al Fondo Nacional de Vivienda y de Interés Social, a fin de garantizar que su utilización se realice con control social, es decir, con la participación de la sociedad organizada. Más allá de eso, se debe garantizar la destinación de más recursos en el programa federal vinculado a “Acción de Apoyo a la Producción Social de la Vivienda” y en el Programa Crédito Solidario, a fin de impulsar las acciones vinculadas a los grupos de autogestión, organizados en asociaciones comunitarias y cooperativas habitacionales.

9. Reducción de la burocracia en la implementación de los emprendimientos habitacionales y agilización de los procedimientos de contratación, inicio y liberación de las obras.

10. Expropiación de terrenos e inmuebles con recursos federales, así como la agilización de la disposición de las tierras de la Unión, RFFSA e INSS.

11. Promover el acceso a tierra urbanizada para las poblaciones de baja renta, fomentando programas y procesos de regularización predial, especialmente en aquellas áreas ya reconocidas como ZEIS por los Planes Directores Municipales, viabilizando acceso de recursos de estas poblaciones para mejoramiento y adecuación de infraestructura, mejoramiento habitacional y regularización jurídica de los asentamientos.

12. Control social en todas las etapas de la implementación de las medidas, a modo de buscar evitar el desperdicio, el desvío o la apropiación de los recursos sin ningún control por las prestadoras, garantizando el inicio y la conclusión de las obras atendiendo de hecho a los que más necesitan, en especial, a las mujeres, a los negros y a la tercera edad.

El FNRU espera que el paquete, una vez anunciado, contemple las preocupaciones aquí señaladas y que el programa de construcción de 1 millón de viviendas represente un paso más en la construcción de ciudades justas y democráticas.

¡Por el Derecho a la Vivienda Digna!

¡Por la Reforma Urbana!

FASE – Federación de Órganos para Asistencia Social y Educacional

CONAM – Confederación Nacional de Asociaciones de Moradores

CMP – Central de Movimientos Populares

MNLM – Movimiento Nacional de Lucha por la Vivienda

UNMP – Unión Nacional por Vivienda Popular

Acción Ayuda del Brasil

AGB – Asociación de Geógrafos Brasileños

ANTP – Asociación Nacional de Transportes Públicos

Bento Rubião – Centro de Defensa de los Derechos Humanos

CAAP – Centro de Asesoría a la Autogestión Popular

COHRE Américas – (Centro por el Derecho a Vivienda contra Desalojos)

Consejo Federal del Servicio Social

Hábitat para la Humanidad

Foro Sur de Reforma Urbana

Foro Nordeste de Reforma Urbana

FAOR (Foro de la Amazonía Oriental) GT-Urbano

FAOC (Foro de la Amazonía Occidental)

IBAM – Instituto Brasileño de Administración Municipal

IBASE – Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos

FENAE – Federación Nacional de Asociaciones de Empleados de la Caja Económica

FENEA  - Federación Nacional de los Estudiantes de Arquitectura y Urbanismo del Brasil

FISENGE – Federación Interestatal de los Sindicatos de Ingeniería

FNA – Federación Nacional de Arquitectos y Urbanistas

POLIS – Instituto de Estudios, Formación y Asesoría en Políticas Sociales

ABEA – Asociación Brasileña de Enseñanza de la Arquitectura y Urbanismo

Observatorio de las Metrópolis 

Clique aqui e veja a nota da FISENGE sobre o Programa para a construção de 1 milhão de Moradias.

Veja também a Nota da Federação Nacional do Arquitetos (FNA)