Ante Catástrofe de Guachupita: Miembro de Organismo Asesor de la ONU Propone Políticas Sociales de Vivienda

Estudios realizados indican que el 75% de la vivienda en el país es construida por la propia gente (autoproducción o producción social de vivienda) quienes también instalan parte de la infraestructura y servicios comunitarios, pero el 44% de esa vivienda es desechable y mejorable, razón por la cual se producen tragedias como la ocurrida recientemente en Gualey, donde unas ocho personas perecieron al derrumbarse las viviendas bajo el influjo de la lluvia caída. Con una inversión menor al 50% de la hecha por el Estado Dominicano para auxiliar a los bancos quebrados durante 2002-2004 se puede resolver la situación de esas viviendas precarias que causan catástrofes como estas, la falta de titulación de una gran parte de familias que han construido en terrenos privados o estatales y planear para los futuros núcleos familiares.
La revelación la hace Pedro Franco, miembro designado por la ONU como parte del UN-HABITAT’s Advisory Group on Forced Evictions (UN-AGFE), organismo asesor sobre de desalojos, quien propuso al Estado Dominicano implementar políticas sociales de vivienda y suelo que permitan llevar a cabo el reasentamiento de comunidades ubicadas en lugares peligrosos, ateniéndose y respetando lo previsto en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a las Observaciones Generales IV y VII del Comité de los Derechos indicados por el Pacto.

Expresó que un estudio realizado por la Alianza Internacional de Habitantes en el 2007 sobre de factibilidad de la creación de un Fondo de Suelo y Vivienda en República Dominicana y Perú reveló situaciones importantes y llegó a conclusiones interesantes como las siguientes:

- Con una inversión sostenida durante 10 años, de un 4.4 % del PIB, se puede resolver el déficit habitacional situado actualmente sobre las 800 mil unidades habitacionales; las viviendas precarias, la situación que vive el 40% de las familias que pagan alquiler, y lo que es más importante la titulación a millones de familias que viven en la inseguridad, sufren desalojos.

- El estudio indica que este 4.4 % el Estado no tienen que aportarlo todo, y mucho menos regalarlo a las familias, aunque admite que dada la situación de miseria habría una cantidad de beneficiarios que deberían recibir algún tipo de subsidio, que se estima no superarían el 10%.

- Indica que, el sector de la producción social de la vivienda (productores informales) son quienes construyen en el país la mayor parte de la vivienda, pues los bancos y el sector inmobiliario a penas construyen un 5.2 % de la Vivienda.

Las Políticas Sociales de Vivienda no pueden descansar en el sector inmobiliario

Expresa el miembro del UN-AGFE que en el discurso del pasado 16 de agosto por primera vez el Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, incluyó a la vivienda entre las políticas sociales necesarias para el desarrollo y la modernización del país. “La vivienda que es un bien fundamental para el ser humano desde que nace, ha sido la gran ausente dentro discurso de los partidos y presidentes, inclusive Presidente Fernández, en sus pasadas asistencia a los eventos y cumbres internacionales” indica la declaración.

Señala que es necesario que la inversión estatal en vivienda vaya directamente a incentivar al sector de la producción social de la vivienda, el cual produce 75 de cada 100 viviendas, incentivo que permitiría bajar el techo del 44 % de viviendas desechables, crear alojamiento seguro para las nuevas familias, y la titulación del suelo a la mayoría de las familias que hoy viven en la inseguridad, lo que permite una gran cantidad de desalojos forzosos, lo que en el plano internacional da una muy mala imagen del país, cuando no se respetan los derechos de las personas humildes.

Iniciativas que deben ser de ejemplo

Se señala que “en los últimos diez años en el país se han venido desarrollando una serie de iniciativas comunitarias apoyadas por instituciones no gubernamentales como Ciudad Alternativa, Centro Montalvo y CEDAIL, y por varias redes internacionales como la Habitat International Coalition (HIC), Alianza Internacional de Habitantes, AIH. Estas iniciativas y propuestas es necesario que el Estado las conozca y valore, pues ellas son en verdad modelos experimentales pilotos, sobre los cuales es posible vislumbrar las perspectivas de implementación de las políticas sociales de vivienda y suelo, necesarias para el país”

Entre esas iniciativas surgidas desde las comunidades señala las siguientes:

Propuesta Plan Cigua elaborada por CIUDAD ALTERNATIVA solución a las familias ubicadas a orillas de los ríos Ozama e Isabela. Propuesta de Ley de Vivienda de la RED URBANO POPULAR y la COOPHABITAT la cual además de crear un ministerio de Vivienda, Hábitat y Asentamientos Humanos contempla: Creación de un Fondo Nacional tipo el que existe en Uruguay desde 1968 que permita garantizar la inversión en vivienda social, el acceso al suelo y la titulación de la vivienda a la gran población desprovista y que vive insegura.

Crear un marco para el cooperativismo de Vivienda como existe en las leyes de México, Uruguay, entre muchas otros, que sirva de canal para la aplicación del crédito y el subsidio estatal, de tal manera que las familias beneficiadas no puedan hacer un negocio de ello como en el pasado, sino que la vivienda sea bien de familia y propiedad cooperativa, no se pueda vender, arrendar ni negociar, representando una solución definitiva para las familias, sus descendientes o ascendentes.

Reorientar el rol Banco Nacional de Vivienda, que debe estar dirigido a la Vivienda y el Suelo. La actual definición “banco de vivienda y producción” no indica claridad sector público sobre la trascendencia y urgencia de políticas sociales de vivienda.

La constitución de la Cooperativa de Producción Social de la Vivienda, COOPHABITAT, primera que en el país promueve el modelo de proyectos de Vivienda por Ayuda Mutua, mediante los cuales las comunidades aportan su mano de obra, un con créditos y donaciones realizan un proyecto habitacional cuyas viviendas no pueden ser vendidas, rentadas ni arrendadas, lo que representa una solución de toda la vida para las familias.

El primer proyecto de Vivienda de este tipo se está iniciando en el sector de Villa Esfuerzo, en el municipio Santo Domingo Este, con 77 familias que fueron desalojadas por la inmobiliaria Esperilla Land propiedad de las familias Porcella, Elmuesí y otras, tierras estas que le fueron entregadas por el CEA en 1997 durante la Ley de Capitalización.

Una misión de AGFE ONU, encabezada por el Coordinador mundial mismo, Sr. Yves Cabannes, estaba en el país cuando se produjo el desalojo de estas familias. Abrió un diálogo entre las instituciones del Estado (Poder Ejecutivo, Ayuntamientos, Cámara de Diputados), la sociedad civil, la comunidad y la Familia Porcella llegandose al acuerdo reasentamiento.

El incumplimiento de estos acuerdos por la familia Porcella encabezada por el Sr. Enrique Porcella y Pedro Elmuesi, al no entregar los títutos de los terrenos, y el Estado con no haber asignado los fondos necesarios llevó a esa comunidad a organizarse en la COOPHABITAT e iniciar el proceso de formación y preobra, recibiendo la asesoría de la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua, pionera de este modelo en el Continente, del Centro Cooperativo Sueco y de la Alianza Internacional de Habitantes, en base a lo que han dado los pasos esenciales para iniciar la obra.

El sector privado debe aportar a la solución

El vínculo tradicional gran capital privado con el Estado le permitió, no solo posesionarse de la mayor y mejores tierras país, sino de crear situaciones que hoy evidencian la crisis y la incapacidad pública para dar solución.

No obstante, la tenencia de la tierra es un verdadero cuello de botella para la solución de la problemática de vivienda. Lo más evidente es la situación que mantiene la familia Vicini a los residentes de la zona norte Distrito Nacional, impedidos de mejorar sus viviendas precarias, y así se estima está sobre el 70% de los habitantes del Distrito Nacional y la provincia . Si miramos hacia la región Sur, a penas abordamos San Cristobal hasta la frontera alguien dice ser poseedor de los títulos del suelo, mientras comunidades en zona turística como Juana Vicenta (Samaná), Verón (Higuey), Juan Dolio (San Pedro de Macorís), Boca Chica (Santo Domingo) y suman decena de miles de casos en todo el país.

No es posible una solución a esta problemática sin una voluntad política definida del Estado y una cuota de responsabilidad social empresariado que por los motivos que fuere son los poseedores de los títulos suelo donde la mayoría de las familias han construido sus viviendas.

“Hoy, el país se siente consternado, y este estado de ánimo invade la cotidianidad también de los funcionarios del Estado a todos sus niveles. Pero lo más importante sería que estos funcionarios con poder de decisión se hicieran de la voluntad necesaria tras un hecho tan doloroso como las comentadas muertes, para convertirlo en fuerza y políticas sociales como las enumeradas, lo que pudiera permitir dar seguridad y garantía de vida, suelo y vivienda digna a las mayorías nacionales” termina la declaración del señor Franco.