Violencia policial y desalojos ilegales cerca de una mina de oro en Papúa Nueva Guinea
El gobierno de Papúa Nueva Guinea debe investigar la actuación de miembros de la policía que, mientras desalojaban a personas de manera ilegal de los terrenos próximos a una de las mayores minas de oro del país, quemaron sus hogares y les amenazaron con pistolas, ha señalado hoy Amnistía Internacional.
El informe de la organización de derechos humanos Derechos minados. Desalojos forzosos y brutalidad policial en los alrededores de la mina de oro de Porgera, Papúa Nueva Guinea
, documenta la violencia y los desalojos forzosos a los que la policía ha sometido a las familias que viven junto a las minas de oro de Porgera.
Amnistía Internacional también considera motivo de preocupación el apoyo que las empresas relacionadas con la mina están dispensando a la policía, una vez que éstas se dieran cuenta de la actividad policial en la zona.
Un 95% de la propiedad y la gestión de la mina está en manos de empresas filiales de la mayor empresa de explotación aurífera del mundo, la canadiense Barrick Gold Corporation (Barrick), como parte de la empresa conjunta Porgera Joint Venture (PJV). PJV proporcionó alojamiento, comida y combustible a la policía en virtud de un acuerdo que, según ha indicado PJV, estaba condicionado a que la policía observase la legislación nacional y las normas internacionales, incluidos los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos. Amnistía Internacional no dice que cualquiera de las dos empresas sea responsable de la violencia policial o de los desalojos forzosos. Sin embargo, la organización considera que Barrick y PJV no respondieron de la manera adecuada cuando su personal fue consciente de la actividad de la policía en la zona.
“Las familias que vivían cerca de las instalaciones de la mina, en vez de poder confiar en la policía para que las protegieran, han sufrido violaciones de los derechos humanos por parte de miembros de la policía, quienes de forma ilícita han quemado sus casas y destrozado sus pertenencias y sus huertos”, ha indicado Shanta Martin, especialista de Amnistía Internacional en materia de minería y derechos humanos.
El informe ilustra cómo, entre abril y julio de 2009, la policía efectuó incursiones en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea y quemó, al menos, 130 edificios, obligando a abandonar sus hogares a las familias, entre las que había niños y niñas de corta edad, mujeres embarazadas y personas ancianas.
Los residentes de la zona en la que hubo un mayor número de desalojos, Wuangima, declararon a Amnistía Internacional que nadie les avisó previamente de que sus casas iban a ser derruidas y que, en muchas ocasiones, no tuvieron la oportunidad de recoger sus pertenencias antes de que las quemaran. El gobierno no les ha proporcionado un alojamiento alternativo y muchas de las familias dependen de sus familiares para tener alojamiento y alimento.
“En cuanto PJV tuvo noticia de que la policía estaba quemando las casas situadas al lado de las instalaciones de la mina, debía haber tomado nota e informado de tales actividades a las autoridades de Papúa Nueva Guinea, instado a que se llevase a cabo una investigación, tal y como aconsejan los Principios Voluntarios –ha indicado Shanta Martin–. Sin embargo, PJV sigue mostrando su apoyo a la policía y Barrick ha defendido públicamente la actuación de los miembros de la policía.”
El informe de Amnistía Internacional insta al gobierno de Papúa Nueva Guinea a que lleve a cabo una investigación completa de los desalojos forzosos y la violencia policial. Además, el documento exhorta a que se procese a las personas responsables y que se proporcionen remedios legales a las personas afectadas. Asimismo solicita a Barrick y a PJV que faciliten información sobre la actuación de la policía a las autoridades de Papúa Nueva Guinea y que les insten a investigar.