Papúa Nueva Guinea: Deben acabar los desalojos forzosos y la destrucción de propiedades a manos de la policía en Porgera

El 27 de abril de 2009, agentes de policía incendiaron 50 casas en la explotación minera de Porgera, propiedad de la empresa canadiense Barrick Gold Corporation. Se había enviado a la zona a más de 200 policías como parte de una operación para resolver la situación de orden público del distrito de Porgera, en la provincia de Enga. La policía acusó a las personas que vivían en las casas de ser ocupantes ilegales y realizar actividades mineras clandestinas y otras actividades delictivas. Según los informes, en la misma operación también fueron incendiadas otras 300 casas cercanas a la mina.

Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, estos desalojos se efectuaron vulnerando el derecho internacional, sin notificación adecuada previa y sin consultar con las personas afectadas, a quienes no se les ha ofrecido ningún alojamiento alternativo.

Papúa Nueva Guinea tiene la obligación, de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos, de llevar a cabo desalojos sólo como último recurso, estudiando antes todas las alternativas viables para evitar o minimizar el uso de la fuerza. Los desalojos forzosos se consideran una grave violación de derechos humanos y nunca deben utilizarse como medida punitiva.

Además, la empresa que explota la mina y los gobiernos deben cumplir los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, reconocidos internacionalmente, que ofrecen directrices claras tanto a empresas como a gobiernos sobre el uso de la seguridad. Tanto la empresa responsable de la mina, Barrick, como el gobierno de Papúa Nueva Guinea deben actuar de acuerdo con estas normas y garantizar la protección de los derechos humanos.

Se teme que sean destruidas más casas, pues según los informes el ministro de Seguridad Interna, Sani Rambi, ha intentado prorrogar el despliegue de la policía en la provincia.

Amnistía Internacional pide:

• A la policía de Papúa Nueva Guinea, que detenga de inmediato el desalojo forzoso de los habitantes del valle de Porgera y la destrucción de sus propiedades.
• Al gobierno de Papúa Nueva Guinea, que lleve a cabo una investigación completa e independiente sobre los desalojos forzosos y la forma en que han sido llevados a cabo, y ponga a los responsables a disposición judicial. Además, las autoridades deben garantizar que todas las víctimas de los desalojos forzosos reciban una reparación adecuada, incluido un alojamiento alternativo adecuado y una indemnización.
• Al gobierno de Papúa Nueva Guinea, que garantice de inmediato que se presta socorro de emergencia – refugio, alimentos, agua y acceso a atención médica– a todas las víctimas de desalojos forzosos.
• Al gobierno de Papúa Nueva Guinea y a la Barrick Gold Corporation, que dé prioridad a las necesidades de los habitantes de la zona minera y trabaje para asegurar un proceso justo de reubicación, con indemnizaciones adecuadas.
• Al gobierno de Canadá, que recientemente se adhirió a los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, que insista en que la Barrick Gold Corporation aplique estos principios y la ayude a hacerlo.

Información complementaria

Los desalojos forzosos son aquellos que se llevan a cabo sin notificarlo adecuadamente ni consultar con los afectados, a quienes no se les proporcionan salvaguardias jurídicas ni se les garantiza alojamiento alternativo adecuado. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la ONU, los ha definido como “la expulsión de personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”. Como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros tratados internacionales de derechos humanos que prohíben el desalojo forzoso y otras violaciones de derechos humanos conexas, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Papúa Nueva Guinea tiene la obligación de poner fin a los desalojos forzosos y de proteger de ellos a la población.

La Barrick Gold Corporation y Porgera

Barrick Gold Corporation es una compañía minera canadiense, la mayor productora de oro del mundo, con 27 minas en explotación. A través de su subsidiaria, Barrick explota la mina de oro de Porgera, en Papúa Nueva Guinea, de la que es propietaria en un 95%. En 2008, la mina produjo 627.000 onzas de oro (ese año el precio medio del oro fue de 871 dólares estadounidenses por onza). Barrick se hizo con la mina de Porgera en 2006, al adquirir a la empresa que la explotaba anteriormente, Placer Dome.

Hay varios pueblos dentro del área de la mina, que abarca unas 2.350 hectáreas de terreno. La Asociación de Propietarios de Porgera, que representa a los aproximadamente 10.000 indígenas residentes en la zona de la mina, ha pedido un proceso de reubicación justo para los residentes.

Muchos habitantes de la zona buscan oro entre las escorias, las pilas de rocas de desecho o el pozo de la mina. Afirman que practicaban la minería aurífera aluvial antes de que se iniciara la explotación industrial de la mina, que esta actividad era para ellos una importante fuente legal de ingresos y que siguen practicándola debido a la pobreza y a la falta de tierras para practicar la agricultura de subsistencia. Barrick considera ilegal la actividad minera de los habitantes, ya que se desarrolla dentro de la zona especial minera arrendada a la empresa en régimen de leasing. Esta tensión provocado conflictos en la zona. Desde que comenzara la explotación en 1990, la mina se ha relacionado con varias muertes violentas. También ha sido criticada por el impacto de sus prácticas en el medio ambiente. El 30 de enero de 2009, el Fondo de Pensiones del Gobierno Noruego excluyó a Barrick de su cartera de inversiones por “causar graves daños medioambientales como consecuencia directa de sus actividades”.

Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos

Los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Noruega, empresas del sector de extracción de recursos y energía y organizaciones no gubernamentales, unidas por su interés en los derechos humanos y la responsabilidad social corporativa, desarrollaron estos principios como orientación para que las empresas mantuvieran la seguridad de sus operaciones dentro de un marco que garantiza el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Desde marzo de 2009, el gobierno canadiense se ha comprometido a fomentar la aplicación de los Principios como parte de su estrategia para el sector extractivo canadiense que opera fuera de Canadá.

Los Principios afirman que:

• Las Compañías deben ejercer su influencia para promover la vigencia de los siguientes principios en las operaciones de la seguridad pública: a) ninguna persona de la que razonablemente se suponga que ha participado en la infracción de los derechos humanos debe prestar servicios de seguridad a las Compañías; b) la fuerza sólo se debe emplear cuando sea estrictamente necesaria y en una medida proporcionada a la amenaza; y c) los derechos de las personas no se deben infringir.
• Los usos de la fuerza por la seguridad pública se notificarán a las autoridades competentes y a la Compañía. Cuando se use la fuerza, se prestará asistencia médica a los heridos, aun a los agresores.

Para más informaciones, visitar: Protest.Barrick y Porgera Alliance

Documento público

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