El Gobierno Vasco recompra la vivienda hipotecada a quien haya quedado desempleado
por Manuel 21 Enero 2009
En pleno período preelectoral, la Consejería de Vivienda del ejecutivo autonómico del País Vasco se ha decidido a dar un paso adelante para ofrecer respuestas a la situación que padecen las familias y personas más afectadas por la crisis financiera. Así, hemos podido conocer a través de las declaraciones del consejero Javier Madrazo que en apenas un par de semanas entrarán en vigor una serie de medidas sin precedentes y, tal vez, impregnadas de la audacia y el arrojo que confiere a los políticos la proximidad de una cita electoral.
Una de las sorprendentes medidas anunciadas por Madrazo consiste en recomprar su vivienda a aquellas personas que hayan quedado en situación de desempleo y no puedan afrontar el pago de la hipoteca . El piso se convertirá de este modo en una Vivienda de Protección Oficial (VPO) y el infortunado antiguo propietario permanecerá en el inmueble como inquilino de la Consejería. La administración autonómica asumirá los pagos de la hipoteca que pudieran quedar pendientes en el momento de la transferencia de la vivienda.
Por otra parte, los arrendatarios de viviendas residentes en el País Vasco que se vean afectados por el paro y estén pagando una renta no superior a 1.050 euros podrán igualmente beneficiarse de este paquete de medidas, ya que en estos casos la Consejería negociará con el arrendador una rebaja del 30%. Del importe del nuevo recibo de alquiler, el arrendatario sólo abonará un máximo de 450 euros y el resto del importe será cubierto por el propio departamento de vivienda.
En la misma línea, el departamento de asuntos sociales y vivienda del gobierno vasco ha comunicado también su voluntad de renegociar con los bancos y cajas de ahorros un descuento del 20% de las cantidades que se encuentren pendientes de amortización en préstamos hipotecarios para hacer viables sus previsiones de ayudas.
En principio está previsto que estas nuevas medidas pueda beneficiar a unas 1.500 familias de toda la comunidad, aunque es posible que esta cifra tuviera que incrementarse en función de los negros augurios que se manejan en cuanto a incremento del desempleo.
La medida parece haber sido bien cogida por organizaciones de consumidores, aunque queda en el aire el interrogante respecto a si las entidades financieras estarán dispuestas a colaborar. El sentido común nos empuja a albergar dudas más que razonables con relación a la posible colaboración altruista de bancos y cajas de ahorros. La otra pregunta a formular es si tan ambicioso y costoso plan puede ser sostenible para una administración pública autonómica.