El drama de los alquileres de vivienda en Caracas

En el mes de marzo impulsaron una campaña contra los desalojos, bajo la denominación de campaña "Cero Desalojo", que incluye la denuncia de la situación de miles de familias amenazadas de perder el derecho a la vivienda, acciones de calle y propuestas de reforma legal para acabar con los desalojos forzosos y la especulación inmobiliaria.

La campaña, está relacionada con la campaña internacional que desde hace tres años impulsa la Alianza Internacional de Habitantes en diversos países del globo, pretende acabar con los desalojos forzados, tal y como lo estipula el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que Venezuela es signatario, así como enfrentar la especulación inmobiliaria, que a juicio de los organizadores es la causa verdadera de la situación de precariedad y amenaza que enfrentan diversos sectores de la ciudad, además de promover el acceso a la vivienda adecuada.

"Se trata de garantizar el derecho a la vivienda: quien la tiene, para no perderla, quien la tiene a medias, como los habitantes de los barrios, que la tenga de manera integral, garantizando servicios y condiciones adecuadas de vida, y quien no la tenga, que pueda contar con ella", declararon los voceros de la plataforma.

Esta campaña internacional se inició en el 4to Foro Social Mundial por la Alianza Internacional de Habitantes, organización social que agrupa a movimientos de todo el mundo, y tiene como propósito erradicar los desalojos forzosos que amenazan a más de 700 millones de personas. Tiene participación en el Grupo Consultor de Naciones Unidas sobre los desalojos (UN-AGFE). La campaña se realiza actualmente en más de 30 países de África, Asia, América del Norte, América Latina y Europa.

En Venezuela, la lucha por el derecho a la vivienda a y el derecho a la ciudad ha unificado a distintas organizaciones sociales, como los CTU, los conserjes, los inquilinos y aquellos que no tienen vivienda propia.

Sus objetivos inmediatos la derogación de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, la derogatoria de los artículos del Código Penal que criminaliza con prisión la ocupación, así como impedir legalmente los desalojos forzosos, sustituyéndolos por acuerdos concertados y pacíficos que permitan alternativas en caso de necesidad de abandonar el inmueble. Igualmente, proponen un plan contra la especulación inmobiliaria y que permita el acceso a la vivienda digna de quienes carecen de este derecho.

Los Comités vienen discutiendo una propuesta que amplía y llena de contenido el artículo 82 de la actual Constitución, que consagra el derecho a la vivienda, para definir el concepto de vivienda adecuada, garantizando seguridad legal de la ocupación en todas sus formas, la erradicación de los desalojos violentos, la disponibilidad de servicios, los costos asequibles de la vivienda, su adecuación cultural, la relación armónica con el entorno, la disponibilidad de servicios y de un hábitat que satisfaga las necesidades de la vida social.

También se establecería la responsabilidad compartida entre el Estado y las comunidades en el desarrollo de proyectos autogestionarios y co-gestionarios para la protección de las viviendas existentes, enfrentando la especulación y los desalojos masivos, mejoramiento de barrios y comunidades populares, y el desarrollo de nuevos asentamiento urbanos.

Además, se garantizaría el acceso al suelo urbano y la atención prioritaria a familias de bajo recursos y sectores vulnerables, como damnificados, habitantes en riesgo físico y social, ancianos, discapacitados o aquellos cuya vivienda depende de su trabajo, como los conserjes.

Por otra parte, la propuesta incorpora el derecho a la ciudad, derecho que vienen exigiendo organizaciones populares urbanas de todo el mundo, y que se ha expresado en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, aprobada en el Foro Social Mundial del 2005.

De acuerdo con el articulado propuesto, todo ciudadano tendría derecho a un hábitat digno, a la participación democrática en la planificación y gestión de las políticas, planes y proyectos que afecten al hábitat urbano, así como también se establecería la función o social de los espacios urbanos, independientemente de su carácter público y privado, definiendo medidas contra la especulación y la sub-utilización del suelo urbano.

La propuesta también establece las bases para el autogobierno comunal, dándole piso normativo a nuevas formas de poder basados en la comunidad, como se ha venido desarrollando especialmente a partir del impulso de los Consejos Comunales.

El derecho a una vivienda digna y el Derecho a la Ciudad, sigue siendo una materia de la profunda deuda social que dejó la Cuarta República y que el gobierno revolucionario viene enfrentando decididamente, pero con grandes dificultades legales y técnica para resolverlo.

Los elementos necesarios a enfrentar son: el control especulativo de los precios de los alquileres, por parte de las empresas inmobiliarias, y la falta de capacidad para abordar una construcción masiva de vivienda de las empresas privadas de la construcción.