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Buenos Aires: La vivienda es un derecho, no un negocio

Organizaciones de la Sociedad Civil autoconvocadas en Carlos Pelegrini 211 ya llevan juntadas más de 3000 firmas en la “semana del acampe” estarán presente desde el 12 hasta el 16 de mayo de 2008 las 24 hs. (o sea 120 hs. sin parar) por una respuesta favorable para la ejecución de proyectos para una vivienda digna, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Denunciamos la grave situación en lo que nos encontramos debido a la falta de cumplimiento por parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), de la Ley 341 y su modificación 964.

Que fuera sancionada en el año 2000 con la finalidad de permitir a los vecinos de la ciudad organizados colectivamente o de manera individual, que estuvieran en condiciones de emergencia habitacional, el acceso a créditos para la realización de sus viviendas únicas y definitivas.

Desde su sanción, la ciudad nunca aplicó los fondos necesarios para poder llevar a cabo realmente la operatoria, de hecho a medida que iban aumentando la cantidad de inscriptos en el Programa de Autogestión para el Desarrollo del Hábitat Popular (PADHP) –que anteriormente a la nueva reglamentación de la ley aprobada por acta de directorio del 23 de octubre de 2006 se llamará Programa de Autogestión de Viviendas (PAV)-, y en los listados de créditos individuales, los presupuestos elevados a la Legislatura de la Ciudad para encarar los ejercicios entrantes, iban en disminución. Esta situación llevó a que en la actualidad sean más de 400 las organizaciones inscriptas para la solicitud de créditos, que nuclear a más de 8.000 familias, y que en 8 años de vigencia de la ley sólo se hayan realizado 5 proyectos que no llegan a cubrir el déficit de vivienda de 350 familias. Cabe recordar, que el 31 de octubre del año 2005 la operatoria fue cerrada arbitrariamente –dado que es una ley y no se encentra derogada-, no permitiendo la inscripción de nuevas entidades, ni la presentación de inicios de proyectos de las organizaciones ya inscriptas, además que, desde el cambio de reglamentación, la autogestión quedó solamente en el nombre del programa, porque a partir de ese momento lo poco que se pudo efectuar fue la compra de 13 terrenos que están hace más de 18 meses sin poder ni siquiera avanzar en la etapa administrativa y de presentación de planos, dado que ahora el Instituto es propietario de los terrenos y no ha efectuado aún los trámites que le competen.

Durante estos 8 años se han comenzado 32 obras que no pudieron terminar en tiempo y forma las planificaciones exigidas por el IVC por falta de fondos, los cuales se supone el momento del otorgamiento de los créditos deberían estar a disposición de las entidades en su totalidad, cosa que nunca sucedió puesto que nunca existió previsión por parte del Ejecutivo, lo cual señala la falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público.

Se han comprado además 62 terrenos, estos también con un crédito ya otorgado a las organizaciones y, obviamente también, sin poder iniciar las obras puesto que tampoco el Gobierno de la Ciudad previó la disponibilidad de los fondos para poder llevar adelante las construcciones. Por esta razón, la gestión anterior –no por ser amables sino por conveniencias políticas- antes de abandonar el barco comenzaron gestiones con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación para conseguir fondos a aplicar en estos proyectos que ya contaban con el terreno comprado –sugestivamente hoy en día el ex Presidente del IVC es quien maneja esos fondos desde la Dirección Nacional de Inclusión Habitacional y Urbanismo de Nación-, Dicha petición fue efectuada el 24 de abril de 2007 y hasta el día de la fecha nunca fue destinado dinero alguno para aplicar a estos proyectos. Ante la solicitud de explicaciones sobre la falta de respuesta sobre estos fondos, desde Nación respondieron por escrito que “Ante el cambio de autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la nueva gestión del Instituto de la Vivienda de la Ciudad no ha presentado a la fecha ningún elemento para la prosecución de la gestión del trámite, siendo requisito indispensable para el diligenciamiento de la financiación de los proyectos mencionados (No Objeción Financiera)”. Dichos fondos son en carácter de subsidio para la Ciudad de Buenos Aires, teniendo ésta que complementar la cifras con fondos propios, los cuales no han previsto nunca en sus prepuestos anuales, negando así la posibilidad de proporcionar soluciones habitacionales para más de 1500 familias.

Lamentablemente esta no es toda la problemática, lo más grave de todo es que desde la asunción de la nueva administración, no sólo continúa con el mismo accionar de las gestiones anteriores, sino que además afirman, sobre el presupuesto otorgado para este año de 35 millones de pesos (19 para créditos individuales y 16 millones para la operatoria colectiva, decidido de forma unilateral y arbitraria por el IVC) serán solamente destinado a la culminación de “algunas” de las obras en marcha, que alcanzaría para terminar no más de 8, no pudiéndose de esta manera proseguir con las otras 32 obras comenzadas; ni se iniciarán obras; ni se comprarán nuevos terrenos para las más de 290 organizaciones que en el transcurrir del tiempo, ven como los precios de la tierra en la Ciudad van en constante aumento y haciéndose cada vez se hace más lejana la posibilidad de poder adquirir los terrenos contando solamente con el 20% de la sumatoria de los créditos de los asociados para poder hacer viable el proyecto, los cuales son de 97.500 pesos por grupo familiar y con ello debemos concretar la compra del suelo, el pago de las construcciones y los servicios profesionales utilizados.

Llevarlo a cabo es posible, de hecho hay 5 ejemplos, pero no es negocio, y por eso hay poco interés en que realmente funcione. Es más cuando nosotros podemos llevar a cabo nuestros proyectos con esos montos ellos en las operatorias en las que construyen y contratan mediante licitaciones ponen en los pliegos que son necesarios para la viabilidad de los proyectos a encarar 150.000 pesos sólo paral a construcción (dado que las tierras no son compradas con esos créditos), según dijo el Presidente del IVC Ing. Roberto Apelbaum el día lunes 5 de mayo de 2008 en la Legislatura de la Ciudad sobre los créditos a otorgar a los beneficiarios del Programa Casa Amarilla. Es más, esos dichos fueron reproducidos en una convocatoria que le hiciera la Legislatura al funcionario a raíz que el IVC solicita se modifique la ley 1.251, ley por la cual se dio creación al IVC y se le otorgaran las competencias. En el mismo discurso dio a entender que, además de solicitar el traspaso de las operatorias de las diferentes villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios que posee la ciudad en su parte sur (Villa 20, 19, 17, 15, 13 bis, 3, 6, 1-11-14 y N.H.T. Zavaleta), lo que vaciaría de fondos al IVC para este ejercicio en curso ya que traspasaría conjuntamente con las competencias, 200 millones de pesos, y hay que considerar que para todo el año le habían sido otorgados 417 millones, de los cuales obviamente hay que descontar los sueldos del organismo, tema que ya fuera reflejado por los medios de comunicación donde se dio a conocer además el hecho de la creación del doble de gerencias que tenía el Instituto hasta la fecha y por lo tanto la cantidad de sueldos que fueron duplicados o triplicados con esta situación, situación que no estuvo contemplada al momento de que la Legislatura votara el presupuesto para este ejercicio y que obviamente tienen que descontar de los programas; modificarían algunas de las competencias y funciones a futuro del organismo, lo que lo llevaría a actuar casi como lo hace la banca privada, dejando por fuera a la gran mayoría de los ciudadanos de clase media y baja con problemas habitacionales.

  1. Apertura del Programa.
  2. Compra de Terrenos.
  3. Traspaso del Título de Propiedad de los 13 Terrenos que se encuentran a nombre del IVC las organizaciones.
  4. Pago de las Certificaciones de las Obras que se encuentran en marcha y que no se encuentran dentro de las 19 elegidas a dedo por los funcionarios.
  5. Inicio de Obras.
  6. Adjudicación Efectiva de Créditos Individuales.
  7. Activación del Programa de Vivienda Transitoria.
  8. Efectivo Funcionamiento del Banco de Inmuebles.