Tres importantes elementos se pueden destacar entre muchos otros: el decreto 3229 de 2009 mediante el cual el municipio Libertador de Caracas, presidido por el Alcalde Jorge Rodríguez fue declarado como primer municipio del continente libres de desalojos arbitrarios, mientras mediante la ley 8190, apoyada por el Presidente Chávez, se prohibieron los desalojos arbitrarios en todo el Venezuela, primer país con esta normativa, y Ley impulsada por Iniciativa Popular, la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda del 2011.

Entre los principales movimientos que han patrocinado estas iniciativas populares se encuentran la Red Metropolitana de Inquilinos, los Comités de Tierra Urbana (CTU), Inquilinos Bolivarianos de Venezuela, Movimiento de Inquilinos/ movimiento de pobladores, Frente Contra Los Desalojos Arbitrarios, entre otros.

El control de los habitantes y la participación popular ha sido un aspecto vital en los procesos de incidencia de las organizaciones. Así encontramos como una de las fundadoras de la Red Metropolitana de Inquilinos, la doctora Ana María Rodríguez, es quien gerencia la Superintendencia de Alquileres responsable de la aplicación de la Ley 8190 y la Regulación de Arrendamientos. Mientras que el Movimiento de Pobladores y otros movimientos han logrado que los municipios y el Gobierno financien ya trece proyectos de viviendas por ayuda mutua para igual número de comunidades, donde las familias aportan horas de trabajo y reciben el financiamiento y la asesoría técnica para los proyectos de propiedad colectiva.

Basándose en esos primeros avances una importante discusión se abre entre los movimientos de inquilinos, en el marco del conjunto de los movimientos, discusión que va desde lograr una representación importante en los mecanismos estatales de tomas de decisiones hasta la cuestión de las nuevas alternativas de financiamiento de la vivienda para asegurar sus derechos a la vivienda y el hábitat. Entre ellos plantean lograr el financiamiento de la construcción de proyectos habitacionales para inquilinos, la expropiación de edificaciones descuidadas o abandonadas por el Estado financiando a las familias de inquilinos.

La publicación del libro “Alternativas de políticas de vivienda en América Latina¨ y las propuestas AIH de crear los Fondos Populares por los estados, controlados por las organizaciones de habitantes, animan también estos procesos de debates, igual como incidieron en producir esta nueva realidad las ordenanzas cero desalojos de los municipios de Bobigny y Roma. No obstante, el merito mayor y trascendente es de los movimientos sociales urbanos de Venezuela, como también lo constituyen los desafíos de profundizar y consolidar estos procesos ya iniciados, lo que ha sido bandera izada en las actividades conmemorativas del Día Mundial del Hábitat y a las que se anuncian a desarrollar en noviembre en conmemoración del segundo aniversario de la promulgación de las mas trascendentes normativas del mundo para garantizar el derecho a la vivienda.

“Hemos avanzado, pero podemos y debemos aportar más allá de nuestras fronteras en la senda del Alba del Derecho a la Vivienda en toda América Latina”, enfatiza Elisabeth Santos, portavoz de la Red Metropolitana de Inquilinos y parte de la  Coordinación de la Alianza Internacional de Habitantes.