Cambio de paradigma, para territorios justos, democráticos y sostenibles: Por la reforma urbana y agraria, ya!

Las ciudades y el derecho a resistir el modelo neoliberal que provocó la crisis

Comenzamos este nuevo milenio con la mitad de la población viviendo en ciudades y la tasa de urbanización seguirá creciendo. Las ciudades son territorios potenciales de gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. Sin embargo, el modelo neoliberal, implementado prácticamente en el mundo entero, concentra ingresos y poder en manos de las élites; los procesos de urbanización acelerada contribuyen a la depredación del medio ambiente y a la privatización del espacio público, causando empobrecimiento, exclusión y segregación social y espacial. Este es el modelo que hizo estallar la crisis financiera y global que está exacerbando los problemas de vivienda, en el campo y en la ciudad.

La gran mayoría de los habitantes de las ciudades sufre los embates de este modelo y de sus crisis repetidas. Está privada o limitada en la satisfacción de sus necesidades básicas y por lo tanto tiene el derecho y la legitimad de resistir a las violaciones en sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Desde la primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (ECO’92), movimientos populares, organizaciones sociales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil han asumido el reto de construir un modelo de sociedad y de vida urbana sostenible, basado en los principios de solidaridad, libertad, igualdad, dignidad y justicia social.

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, plataforma común para exigir nuestros derechos y defender los bienes comunes

Un resultado de esta movilización internacional de los sectores de la sociedad civil a partir del Foro Social Mundial en Porto Alegre en 2001 fue la elaboración y difusión de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que propone una plataforma por ciudades justas, democráticas, más humanas y sostenibles.

A sabiendas de que la construcción de una ciudad justa e igualitaria es inseparable de la lucha por el disfrute social, equitativo y sustentable de los bienes comunes, como el agua, la flora y la fauna, por la democratización del acceso a la tierra urbana y rural, de la lucha por la reforma urbana y la reforma agraria, por la democratización de la gestión del territorio, por la soberanía alimentaria de los pueblos, por las prácticas agrícolas ambientalmente responsables, por la garantía de los modos y medios de vida de las y los agricultores familiares y de las poblaciones tradicionales e indígenas en todo el mundo, ahora en 2012, frente a los gobiernos, el G20 y a las instituciones financieras internacionales, con nuestras luchas y nuestras capacidades, volvemos a exigir las condiciones necesarias, en particular las políticas públicas, para vivir en armonía, paz y felicidad en territorios justos, democráticos y sostenibles.

A partir de la definición suscrita por el Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat en 2010, “el Derecho a la Ciudad  es el derecho colectivo de las generaciones presentes y futuras para una ciudad sostenible sin discriminación de sexo, edad, raza, estado de salud, ingresos, nacionalidad, origen étnico, migración, orientación política, violencia sexual o religiosa, así como a preservar su identidad y la memoria cultural”, es hora de que estados y sociedad civil, juntos, despleguemos obligaciones y responsabilidades hacia nuevos pactos sociales territoriales fundamentados en paradigmas alternativos a los neoliberales, asumiendo los siguientes compromisos:

1. El ejercicio pleno de la ciudadanía . Una ciudad en la que todas las personas (niñ@s, jóvenes, adult@s mayores, mujeres y hombres, que viven de forma permanente o transitoria en las ciudades) realizan y disfrutan todos los derechos humanos y libertades fundamentales, mediante la construcción de condiciones de bienestar colectivo con dignidad, equidad y justicia social. A tal efecto, el derecho de las ciudades, o civitas  –sus habitantes, actores sociales e instituciones–, a ejercer su autonomía para resistir a la agresividad de la globalización neoliberal, sin sufrir la criminalización de sus expresiones cívicas.

2. La función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad . Una ciudad donde sus habitantes participan para que la distribución del territorio y la regulación de su uso garanticen el usufructo equitativo de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece. Una ciudad en la que se priorice el interés público definido colectivamente, garantizando un uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del territorio. Por lo tanto, se deben generar e implementar políticas públicas e instrumentos específicos para frenar la especulación, la segregación urbana, la exclusión, los desalojos y desplazamientos y el acaparamiento de la tierra urbana y rural.

3. La gestión democrática de la ciudad . Una ciudad donde sus habitantes participan de todos los espacios de decisión –hasta el más alto nivel– para la formulación e implementación de las políticas públicas, así como en la planeación, presupuesto público y el control de los procesos urbanos. Se refiere a fortalecer los espacios institucionalizados de toma de decisiones –no sólo los espacios consultivos ciudadanos– con participación en la gestión, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

4. La producción democrática de la ciudad y en la ciudad . Una ciudad donde se rescata y fortalece la capacidad productiva de sus habitantes, en especial de los sectores populares, fomentando y apoyando la producción social del hábitat y el desarrollo de las actividades económicas solidarias, incluyendo la agricultura urbana para fortalecer la soberanía alimentaria. El derecho a producir la ciudad y a un hábitat productivo, incluyendo el derecho a la energía, que genere ingresos para todas y todos, que fortalezca la economía popular y no sólo las ganancias cuasi-monopólicas de unos pocos. Una ciudad abierta y alerta a las necesidades de los grupos vulnerables, las personas en situación de pobreza y de riesgo ambiental (amenazadas y/o víctimas de desastres ambientales generados por el ser humano), las personas amenazadas y/o víctimas de la violencia, las personas discapacitadas, los y las inmigrantes y refugiado(a)s y a todos los sectores que están marginalizados o en desventaja respecto a los demás habitantes.

5. El manejo sustentable y responsable de los bienes comunes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno . Una ciudad donde sus habitantes y autoridades implementan políticas públicas para una relación responsable de los bienes comunes como el agua y el medio ambiente –sin privatización–, para asegurar la vida digna de las personas, de las comunidades y pueblos, en igualdad de condiciones y sin afectar las áreas naturales de reserva ecológica; para ahora y para las futuras generaciones.

6. El disfrute democrático y equitativo de la ciudad . Una ciudad que reconoce en todo la trama urbana el derecho a la accesibilidad y a la igualdad de oportunidades, favoreciendo la convivencia social, promoviendo la equidad de género, respetando a todas las personas, independientemente de su etnia, edad, capacidades, orientación sexual y religión. Una ciudad que facilita la movilidad de todos sus habitantes, con tecnología sustentable no contaminante e incentivos al transporte público y a medios alternativos –como la bicicleta– para todas y todos. Una ciudad que incluye, en la formación escolar, universitaria y de los funcionarios públicos responsables de las políticas públicas locales, el derecho a la ciudad sostenible y el derecho a la comunicación horizontal y a la información.

Abril 2012

Suscriben:

Alianza Internacional de los Habitantes, AIH

Foro Nacional de Reforma Urbana, FNRU, Brasil

Habitat International Coalition, HIC