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Carta abierta a los Ministros europeos de la vivienda

EL GOBIERNO ESPAÑOL CANCELA EL ENCUENTRO EUROPEO DE LOS MINISTROS DE VIVIENDA, Y A CAMBIO, SE CONFIRMA EL COMPROMISO DE LUCHA DE LAS
ORGANIZACIONES DE HABITANTES

El encuentro europeo de los ministros de vivienda (Barcelona) del 16-17 de octubre de 2006, ha sido cancelado por el gobierno español.
Nos desagrada profundamente esta decisión porque se pierde una ocasión incomparable para que todos, instituciones y fuerzas sociales, pudiesemos afrontar con decisión la crisis de la vivienda que golpea a todos los países europeos.
La iniciativa pacífica programada en aquella ocasión por las organizaciones de habitantes era para hacerles sentir a los ministros europeos el grito de dolor, pero también las propuestas, de los sin casa, desahuciados y mal alojados.
Erigiéndonos en portavoz de estas instancias, como AIH habríamos querido escuchar a los ministros y llevarles directamente los análisis y las propuestas elaboradas a nivel europeo.
Hagámoslo en todo caso, difundiendo públicamente esta "Carta abierta" confiando en que la cita haya sido solo aplazada: los ministros han de saber, todos, que el movimiento de lucha por el derecho a la vivienda no les dejará solos, nunca.

Próxima etapa: la reunión preparatoria de los Estados Generales Europeos por el derecho a la vivienda y a la ciudad (Paris, 2 de febrero de 2007).

CARTA ABIERTA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS A LOS MINISTROS EUROPEOS DE LA VIVIENDA


Señoras/Señores Ministros,

Os escribo en nombre de la Alianza Internacional de los Habitantes (AIH), red internacional de organizaciones sociales (asociaciones, unión de inquilinos, comités de mal alojados y sin hogar, cooperativas de vivienda, centros sociales, voluntarios y asociaciones de migrantes), involucrada desde hace años en la defensa del derecho a la vivienda sin fronteras.
En particular, estamos comprometidos en la elaboración de propuestas que se enfrenten a los efectos negativos de la construcción de la Unión Europea sobre las cuestiones urbanas y de vivienda.
Consideramos particularmente importante vuestro encuentro de Barcelona: se trata no sólo de una ocasión fundamental para confrontar experiencias, sino sobre todo, de una oportunidad para ofrecer respuestas concretas a los sintecho y a los precarios de la vivienda, tratando de encontrar un camino común en la construcción del futuro de la Unión Europea.
Después del alto en el camino de los meses pasados, de hecho ya está encaminada la discusión sobre la nueva Constitución europea que, inevitablemente, se cruza con la discusión sobre las competencias y sobre la asignación de los fondos estructurales.
Por tanto es indispensable la participación de todos los actores sociales, institucionales y políticos incluídos.
También AIH quiere desarrollar su propio papel, amplificando a todos los niveles la voz y las propuestas de los habitantes de las ciudades europeas que, cada vez más durante estas últimas semanas, están movilizandose por el derecho a la vivienda en París, Barcelona, Roma, Moscú y en muchas otras ciudades europeas.
De ésto hemos discutido, organizaciones sociales, autoridades locales, profesionales del sector, durante el Foro Social europeo de Atenas (mayo de 2006), lanzando la propuesta de los Estados Generales del Derecho a la vivienda y a la ciudad, espacio temático de comparación e iniciativa para contribuir a construir un futuro basado sobre los derechos, las personas y los pueblos.
Estos hechos se están reivindicando a nivel internacional por movilizaciones que involucran a muchas organizaciones sociales y que se enmarcan en las Jornadas Mundiales Desalojos Cero y por el derecho a la vivienda que se desarrollan durante todo este mes de octubre.

Nos dirigimos a cada uno de ustedes y a ustedes en conjunto, ofreciendo estas reflexiones y propuestas y pretendiendo, sobre estas bases, nuestra intervención en vuestro mitín de Barcelona.

La vivienda es un derecho reconocido pero violado

Todos los Estados miembros de la Unión Europea han ratificado los Tratados y Convenciones internacionales que reconocen y protegen el derecho a la vivienda: la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos (art. 25), el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art.11), la Convención sobre los Derechos del Niño (art.27), la Convención por la eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (artt. 14 y 15), la Convención por la Protección de los Derechos humanos y las Libertades Fundamentales (art. 8), la Carta Social Europea (artt. 15, 16, 19, 23, 30, 31), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 2, inciso 94).
Sin embargo, a pesar de este reconocimiento legal, a menudo reforzado en las Constituciones y en las legislaciones nacionales, a pesar de los compromisos también asumidos por todos los Estados con el Objetivo del Milenio n. 7-11, que prevé la mejoría de las condiciones de las viviendas para 100 millones de personas en el 2020 y la Estrategia de Lisboa por la inclusión social a nivel europeo, el derecho a la vivienda esta siendo cada vez más ultrajado.
Por tanto, tenemos que subrayar negativamente que también los países de la Unión Europea están contribuyendo a la quiebra de esos objetivos mínimos, debido a la previsión de un ulterior empeoramiento de la crisis de vivienda a nivel global por otros 700 millones de personas dentro de la misma fecha.
En Europa, la crisis de vivienda ya afecta a 70 millones de personas mal alojadas, de las cuales, unos 18 millones están alojadas de manera precaria y 3 están sin hogar. Se trata de personas excluidas por el mercado inmobiliario y la falta de políticas sociales adecuadas, a los que ni los estados, ni las autonomías locales, ni el tercer sector logran ofrecer soluciones satisfactorias.
Esta situación de crisis es amplificada por la libre circulación de inversiones especulativas dentro de la Unión Europea, las privatizaciones del sector de vivienda social y las liberalizaciones del sector en los países UE y en los que están incidiendo, las inmigraciones desde los países pobres y la “gentrification” de las ciudades y las localidades turísticas, por la agresión de los REITs (Real Estate Investment Trusts) al sector residencial. Las consecuencias son el aumento desorbitado de los precios inmobiliarios, la precarización de los alquileres y las hipotecas, los desalojos que golpean a los jóvenes, los inmigrantes, los ancianos, pero también a las familias de rentas medias.
Se trata de una realidad que niega la inclusión social, favoreciendo en cambio el aumento de las desigualdades, la especulación y la corrupción.
Desigualdades a las que no logran hacer frente ni los estados, también a causa del recorte de los presupuestos impuesto por los mecanismos de control del euro, ni las administraciones locales ni las políticas de vivienda social del tercer sector a las que, son demandadas tales competencias sin la asignación de los recursos necesarios para hacer frente a la descentralización.

La quiebra del enfoque liberista de la Unión Europea en la cuestión de la vivienda

La competencia de la Unión Europea ya concierne muchos a aspectos relacionados con la vivienda y el urbanismo, pero, en vez de obrar hacia el reconocimiento del derecho a la vivienda, acentúa su carácter mercantil (directivas sobre las construcciones, seguros, contratos, tasación, fondos FEDER y BEI, programa Urban, etcétera), y, prepotentemente, también está invadiendo la esfera del servicio público del alojamiento. La DG competencia está en efecto mellando gravemente el sector en varios países (contestación del sistema de financiación -libreta A- del sector en Francia, solicitud de privatizaciones en Holanda, contestación de las facilitaciones fiscales a las sociedades municipales suecas, prohibición de la exención fiscal de los entes gestores de las viviendas populares en Berlín, etcétera). Al mismo tiempo, el Parlamento europeo ha votado limitadamente a la parte caritativa de la exclusión del sector de la vivienda social de la Directiva Bolkenstein sobre la liberalización de los servicios públicos: si fuera definitivamente aprobada, constituiría la muerte de la vivienda social publica como alternativa al libre mercado.

Por el derecho a la vivienda como base de la competencia de la Unión Europea

Debido a la quiebra del enfoque liberalista, las organizaciones sociales que obran en el campo de la vivienda proponen con fuerza a vuestros gobiernos y a la Unión Europea:
• el reconocimiento explícito del derecho a la vivienda en la constitución de la Unión Europea, el respeto de las obligaciones legales de parte de los poderes públicos y la exigibilidad de tal derecho a todos los niveles;
• la aprobación de la Carta del Derecho a la ciudad como base de las políticas de urbanismo;
• la aprobación de una Directiva europea, para que la seguridad de la vivienda sea garantizada a todos: con la introducción de nuevas garantías públicas en los alquileres, la protección en contra de la especulación y el mobbing inmobiliario y en el acceso a la propiedad, borrando los desalojos sin realojo digno, con un coste-vivienda que no supere cierto porcentaje sobre las rentas para el control de los precios y también por una específica contribución pública;
• el relanzamiento del servicio público de la vivienda: deberían ser desarrolladas políticas públicas para recobrar, realizar o adquirir cerca de 8 millones de viviendas por parte del sector público a nivel europeo, financiadas también por un Fondo europeo de compensación específico para el Derecho a la vivienda;
• la introducción de un impuesto europeo sobre las propiedades inmobiliarias desalquiladas, las tierras incultas y las transacciones inmobiliarias especulativas para integrar tal Fondo europeo;
• la total exclusión del sector público de la vivienda de la Directiva Bolkenstein sobre la liberalización de los servicios públicos de interés general;
• la moratoria de los procesos de privatización del sector de vivienda para estudiar los efectos producidos y las posibles alternativas;
• la prohibición de la intervención de los REITS en el sector de vivienda residencial;
• la experimentación de un nuevo tipo de vivienda social publica, sensible al multiculturalismo y a las cuestiones de la exclusión social, en colaboración entre las autoridades locales y la sociedad civil, como por ejemplo las cooperativas de autocostrucción y la propiedad colectiva, por mecanismos de democracia participativa.

Señoras/Señores Ministros,

Sobre estas bases estamos disponibles a escuchar vuestros análisis y propuestas y a continuar la comparación.
Tenemos confianza en la apertura de este diálogo y quedamos a la espera de vuestras respuestas, individuales y colectivas, en base a las cuales definiremos nuestra actitud y las iniciativas que asumiremos en los distintos países y a nivel continental.

Cesare Ottolini
Coordinador AIH

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