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La Nueva Agenda Urbana de Hábitat III no podrá cumplir sus compromisos sin crear empleos decentes e incluir, plenamente, a sindicatos y trabajadores

Más de 70 personas asistieron a la Mesa Redonda de Sindicatos y Trabajadores de Hábitat III, organizada el 18 de octubre de 2016 por una delegación conjunta de sindicatos internacionales y organizaciones aliadas, encabezada por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Internacional de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (BWI).

El Consejo de los Global Unions (CGU) confió a la ISP y la BWI la responsabilidad de encabezar las actividades en Hábitat III, en nombre del Grupo de los Sindicatos y Trabajadores. La mesa redonda formó parte de la conferencia oficial Hábitat III, que se celebró en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre. Desde 2015, la ISP está llevando a cabo una labor política y de divulgación internacional sobre Hábitat III , en el marco de sus actividades del sector de gobierno local y regional.

De acuerdo con la posición de la ISP sobre Hábitat III , la mesa redonda puso de relieve que las ciudades no serán, de verdad, inclusivas hasta que todos los trabajadores y trabajadoras —incluidos los migrantes— disfruten de un trabajo decente, de condiciones laborales y de vida seguras y saludables y de sus derechos humanos y sindicales fundamentales. El documento político final de Hábitat III, la Nueva Agenda Urbana (NUA) , incluye entre sus compromisos de cambio la inclusión social, el trabajo decente y el crecimiento inclusivo; sin embargo, apenas menciona su operacionalización.

Los oradores y oradoras de la mesa redonda de sindicatos y trabajadores ilustraron la conexión fundamental que une al trabajo decente y la justicia fiscal con la financiación de los servicios públicos urbanos básicos y la inclusión socioeconómica urbana. Presentaron herramientas y recomendaciones, basadas en pruebas concretas, para convertir las ciudades en lugares inclusivos y equitativos, a través de la operacionalización del compromiso de la NUA con el Trabajo Decente. La mesa redonda lanzó siete mensajes imprescindibles para la implementación de la NUA:

1. EL COMPROMISO CON EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEBE CUMPLIRSE DE MANERA CONCRETA

Hay 202 millones de personas sin empleo en todo el mundo. Quienes trabajan, suelen tener empleos precarios, ser falsos autónomos, empleos subcontratados, contratos de cero horas, empleos inseguros, sin protección social y que no les ofrece un salario vital. Se trata de empleos que condenan a la pobreza a los trabajadores y trabajadoras de las ciudades, tanto en las economías formales como informales. Empleos que carecen de estabilidad y de prestaciones sociales.

Sólo el empleo decente, tal y como lo define la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) Núm.8, logrará ciudades sustentables, inclusivas; empoderará a sus ciudadanos y ciudadanas para salir de la pobreza, junto a sus familias, y contribuir al desarrollo económico local, a los sistemas de protección y seguridad social y a financiar los servicios públicos urbanos esenciales. La falta de trabajo decente es, además, el factor clave que subyace tras el fracaso de muchas políticas urbanas y de desarrollo inmobiliario, ya que los trabajadores pobres no pueden permitirse vivir en las ciudades y se ven obligados a confinarse en suburbios segregados y barrios marginales de bajos ingresos. La NUA incluye el empleo decente entre sus principales compromisos de cambio: para hacerlo realidad, tendrá que garantizar que las autoridades locales y centrales diseñan, invierten e implementan políticas laborales activas de ámbito local, conjuntamente con los interlocutores sociales, los sindicatos de trabajadores y empresas locales.

Desde la mesa redonda: Per Olof Sjoo, Presidente de la BWI y de la Unión Sueca de Trabajadores de Bosques

¿Los sindicatos y la Nueva Agenda Urbana?

"Los trabajadores son fundamentales para el desarrollo económico, sostenible y cultural de las ciudades.  Los trabajadores construyen e impulsan las ciudades, les dan servicio y las mantienen. Los trabajadores son el motor de las ciudades: en Hábitat III nos estamos jugando nuestro futuro. El quid de la cuestión es, para nosotros, la implementación de una Nueva Agenda Urbana que garantice los derechos humanos y laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y en el centro de todo esto se encuentra la Agenda de Trabajo Decente. Dicho de otro modo, las ciudades no serán sostenibles si quienes viven y trabajan en ellas no están englobados en las políticas y medidas. Esto implica la promoción e implementación de políticas de trabajo decente. El reconocimiento del valor del trabajo decente, que ahora está incluido en la Nueva Agenda Urbana, es un paso importante. Sin embargo, lo fundamental, a partir de ahora, será la implementación específica de los compromisos y las medidas concretas que promuevan de manera activa el trabajo decente”.

2. LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS ESENCIALES DEBEN SER PÚBLICOS, ACCESIBLES A TODOS Y RENDIR CUENTAS DEMOCRÁTICAMENTE ANTE LAS COMUNIDADES LOCALES

El acceso universal a los servicios públicos esenciales —incluyendo los espacios públicos— resulta determinante para la igualdad entre la población urbana y está intrínsecamente ligado al respeto de los derechos humanos. Estos servicios públicos esenciales conforman los cimientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y deben ser de propiedad y gestión públicas. Hábitat II y ahora, 20 años después, Hábitat III alaban y presentan al sector e inversores privados como la única solución viable a la falta de fondos para sufragar los servicios esenciales, como el agua y el saneamiento, la sanidad, la energía y el transporte, en un mundo cada vez más urbanizado. Y lo hacen promoviendo las Asociaciones Público-Privadas (PPP) y la inversión privada. Si ONU Hábitat pretende seriamente lograr unas ciudades inclusivas tiene que reconocer que, a lo largo de los últimos 20 años, la privatización de los servicios básicos ha fallado a las comunidades. Debe dejar de promover la venta de los servicios urbanos esenciales a operadoras y compañías privadas con ánimo de lucro. Existen alternativas eficaces a las PPP, que ofrecen muchas más ventajas y eficiencias: entre ellas destacan la remunicipalización, las asociaciones público-público y la cooperación intermunicipal.

Desde la mesa redonda: Dr. Emanuele Lobina, Profesor Adjunto, Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU), Universidad de Greenwich, Reino Unido

Las múltiples ventajas de financiar y gestionar públicamente el suministro de servicios urbanos básicos inclusivos

Para los servicios básicos, las PPP equivalen, de facto, a la privatización de estos servicios. Cuando los ayuntamientos optan por una PPP pierden el acceso y el control de su flujo monetario; pierden el control sobre el proceso y la calidad del servicio suministrado. Esto acaba generando costos mucho más elevados, impredecibles, y quejas de los usuarios y de la comunidad, a las que los municipios ya no pueden responder, porque las PPP quitan el control del suministro de los servicios de las manos de las autoridades locales. Por otra parte, la financiación que otorga el sector privado no puede competir con la financiación pública, cuyos intereses son muy inferiores a los que cualquier inversor privado puede obtener en el mercado. Además, las operadoras PPP están interesadas en trasvasar todos los riesgos al sector público y en privatizar las ganancias y distribuirlas en forma de dividendos entre sus accionistas. En cambio, cuando los servicios básicos están en manos públicas, los beneficios se reinvierten en el mismo servicio, para mejorarlo y reducir las tarifas que pagan los usuarios. Las PPP proceden a externalizar los empleos de los servicios básicos, a minimizar el personal en nómina, los salarios y condiciones laborales y a aumentar las cargas de trabajo, para exprimir los recursos del servicio y acumularlos en forma de beneficios privados. Además, proceden a una destrucción sistemática de los empleos decentes, contraria a los compromisos de la NUA. El secretismo es otra de las características sistémicas de las PPP: las compañías privadas justifican su secretismo por razones de confidencialidad comercial y competencia, pero esto acaba atrayendo corrupción. Estamos viviendo una ola de remunicipalizaciones en todo el mundo: en el año 2000 sólo se dieron tres casos; en 2014, fueron 180 ​—sólo en los servicios de suministro de agua​—. La implementación de la NUA debe ser mucho más crítica con las repercusiones negativas, para las personas y la desigualdad, que tiene la participación del capital privado en los servicios esenciales”.

3. LA JUSTICIA FISCAL ES UN PRERREQUISITO PARA EL EMPODERAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y PARA LA FINANCIACIÓN SOSTENIBLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUA

La NUA precisa una financiación pública sostenible, basada en una tributación equitativa por parte del sector privado —y, en concreto, de las corporaciones multilaterales y grandes inversores— en las comunidades en las que operan y donde generan beneficios. Las autoridades locales y regionales deben participar en el establecimiento de la política tributaria nacional, para garantizar la coherencia política y la lucha sistemática contra la elusión fiscal, que las está despojando de recursos imprescindibles para promover el desarrollo económico urbano sostenible, a través de políticas y suministro de servicios. La hacienda pública municipal debe guiarse por criterios progresivos, para no penalizar a una ciudadanía, ya corta de ingresos, y ampliar el acceso a los servicios públicos esenciales de las ciudades.

Desde la mesa redonda: Daria Cibrario, Responsable Política- Sector Gobierno Local y Regional, ISP

La justicia fiscal, el eslabón perdido para lograr ciudades equitativas e inclusivas

“La justicia fiscal es un tema tabú en la Nueva Agenda Urbana, es el eslabón perdido que permitiría lograr las ciudades equitativas e inclusivas a las que se ha comprometido. Se trata de un tema fundamental, en gran medida omitido y subestimado en los debates de Hábitat III, y que ha quedado fuera del texto de la NUA. Si bien todo el mundo coincide en el papel protagonista que tienen las autoridades locales, regionales y los ayuntamientos en la ejecución de los ODS de la COP21, del Marco de Sendai y la Agenda del Trabajo Decente de la OIT, y se reconocen los retos abrumadores que se derivan de la rápida urbanización, a la hora de financiarles para que enfrenten dichos desafíos, HIII solo propone soluciones deficientes y muy regresivas como, por ejemplo: aumentar las tarifas a los usuarios, aplicar indicadores urbanos (benchmarking), empréstitos en el mercado bursátil, digitalización de servicios y medidas para aumentar la “eficiencia” del sector público ​—que la mayoría de las veces se traducen en destrucción de empleos​—, cuando existen alternativas disponibles mucho mejores. HIII apoya, en gran medida, una visión de ciudades que “compitan entre sí, como compañías” —en concreto, una competencia entre ciudades a través de los impuestos— que contradice la visión de unas ciudades social y económicamente inclusivas. Las ciudades son para que puedan vivir las personas, no para generar beneficios. Las ciudades y las autoridades locales son el motor del desarrollo económico local, sin embargo, se les despoja de los recursos que necesitan para dar servicios a sus comunidades y suministrar los servicios municipales esenciales.

¿Por qué sucede esto? En las conversaciones oficiales de HIII no se mencionaron los 30 billones de dólares que se estima se acumulan en paraísos fiscales —de los cuales, 12 millones de dólares proceden de países en desarrollo—. Un dinero por el que las empresas e inversores mundiales no han pagado la parte correspondiente de impuestos a las comunidades en las que generaron dicho beneficio. En HIII tampoco se mencionó el hecho de que el sector público —el contribuyente— rescató a los bancos en la crisis financiera de 2008, inyectándoles 1.9 billones de dólares y que, mientras HIII habla de cómo rebañar el fondo del perol de las arcas municipales, las negociaciones comerciales, como el TISA y el TTP, están intentando incluir cláusulas de solución de conflictos entre inversores y Estados que debilitarán, más aún, la capacidad de los gobiernos locales de recaudar fondos a través de impuestos progresivos y vaciarán las arcas públicas.

La implementación de la NUA, a través de PPP, bancos privados, competencia fiscal entre ciudades, aumento de las tarifas de los servicios y sistemas fiscales municipales regresivos impedirá que pueda cumplir su compromiso de lograr ciudades inclusivas. Por esta razón, la ISP aboga por la equidad y la transparencia del sistema tributario de las corporaciones internacionales y del patrimonio privado (informes país por país), de acuerdo con la Declaración de ICRICT . La ISP también aboga por pedir responsabilidades a los gobiernos centrales por las políticas tributarias y de comercio, como TISA, TPP y CETA, que afectan la capacidad de los gobiernos municipales de recaudar fondos progresivos localmente. Reclamamos un lugar para las autoridades municipales en la mesa en la que se negocia la solución de los conflictos con las compañías multinacionales e inversores extranjeros. Entre otros instrumentos progresivos para garantizar una financiación pública sólida de la NUA destacan: fortalecer a los inspectores fiscales y auditores públicos, para lograr recuperar los impuestos eludidos; revisar el endeudamiento público y los sistemas bancarios públicos; una inspección progresiva de la nueva tributación municipal y sistemas fiscales, y una estrategia integrada  que incluya garantizar la protección de los denunciantes”.

4. LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES Y LABORALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ES FUNDAMENTAL PARA CUMPLIR EL COMPROMISO DE LA NUA CON EL TRABAJO DECENTE

La aplicación de la NUA debe promover el respeto de las normas sociales, laborales y medioambientales por parte de constructores y proveedores, a través de la inclusión de cláusulas sociales y laborales estándar en los contratos públicos. Los gobiernos locales desempeñan un papel fundamental para garantizar el empleo decente de todos los trabajadores y trabajadoras, ya que son, al mismo tiempo, empleadores de trabajadores públicos, clientes clave para la industria de la construcción y administradores de la población local. Los gobiernos municipales pueden aprovechar su poder adquisitivo para exigir que se respeten las normas laborales y sociales fundamentales, a través de sus políticas de contratación pública; obligando a las compañías que contratan a respetar unas normas sociales, laborales y medioambientales responsables, para todos los trabajadores y trabajadoras de sus obras.

Desde la mesa redonda: Gunde Odgaard, Director Ejecutivo, Batkartellet, Dinamarca

Las cláusulas laborales en la contratación pública: las grandes ausentes en la Nueva Agenda Urbana

“Si la NUA quiere garantizar, en las obras de construcción e infraestructuras urbanas, unos empleos justos para los trabajadores, proteger a la comunidad, que se construya con arreglo a las normas de salud y seguridad ocupacional vitales, que se crean empleos decentes y se desarrolla la empleabiabilidad a largo plazo ​—a través de la formación profesional​—, es imprescindible que promueva la inclusión en los contratos públicos municipales de los derechos laborales y de cláusulas que regulen las condiciones laborales, además de la colaboración estrecha con los sindicatos. Dichas cláusulas obligarán a los contratistas a ofrecer contratos formales y seguros, y unas condiciones de trabajo dignas, a los trabajadores municipales contratados en obras y servicios afines, y frenarán las largas y peligrosas cadenas de subcontratación de mano de obra que exprimen a los trabajadores.

62 ciudades danesas ya lo hacen, incluida Copenhague, con resultados tangibles: el municipio obtiene más valor por su dinero y los trabajadores obtienen contratos formales, protección social, reciben la capacitación adecuada para realizar una obra o infraestructura de calidad y trabajar en condiciones seguras. Esto beneficia enormemente a las familias de los trabajadores y trabajadoras y a la economía local, promoviendo la inclusión socioeconómica urbana. Además, beneficia a las empresas ya que, cuando imponen cláusulas laborales, los contratistas que cumplen las normas obtienen más contratos y una buena reputación y, quienes compiten de manera injusta, reduciendo costos y exprimiendo a los trabajadores, se ven obligadas a cambiar sus prácticas para no salir del mercado. Cuando los municipios optan por esta práctica pueden beneficiarse del sistema de control permanente y efectivo que ofrecen los sindicatos sobre el terreno, cuyos representantes, a pie de obra, pueden valorar, informar y rectificar los incumplimientos del contratista en interés de la municipalidad”.

5. LAS CIUDADES NECESITAN SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, PARA ACABAR CON LAS DESIGUALDADES ENTRE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES, GARANTIZAR LA PLENA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO LABORAL Y DESARROLLAR TODO EL POTENCIAL DE LAS NIÑAS

El acceso y el suministro de servicios públicos urbanos con una perspectiva de género constituye un prerrequisito para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y para acabar con las desigualdades de género, a través de tres vías diferentes: primero, mediante el pleno acceso a los servicios públicos esenciales, como la información y los servicios sobre salud sexual y reproductiva, fundamentales para la protección de la integridad física  de mujeres y niñas. Esto engloba el derecho al acceso público y accesible a servicios de contracepción, planificación familiar, información y asesoramiento profesional sobre enfermedades de transmisión sexual; protección de las mutilaciones obligatorias y procedimientos médicos sin su adecuada información y consentimiento; el derecho a decidir de manera libre y autónoma sobre la sexualidad; y el fin de las agresiones sexistas y del acoso sexual. Segundo: los servicios públicos, ​—como el transporte, saneamiento, cuidados infantiles, de ancianos y de personas con discapacidad; guarderías infantiles y protección social; educación y formación públicas — son fundamentales para la seguridad económica  de las mujeres, ya que resultan imprescindibles para que las mujeres tengan la oportunidad de acceder a empleos dignos. Finalmente, sin acceso a servicios públicos como guarderías infantiles , protección social, agua potable y saneamiento, subsidios para la atención de niños, ancianos y personas con discapacidad , que reducen las cargas domésticas ​—que abrumadoramente recae sobre las mujeres​—, no podrá lograrse una redistribución equitativa de las tareas de atención y un reequilibrio de las responsabilidades familiares entre los hombres y las mujeres. Unos servicios urbanos públicos con perspectiva de género resultan imprescindibles para impulsar un cambio de actitud a favor de las mujeres y para ayudar a romper el ciclo de la pobreza.

Desde la mesa redonda: Veronica Montúfar, Responsable de Igualdad de Género, ISP

Los servicios públicos con perspectiva de género: prerrequisito para la inclusión socioeconómica de las mujeres y las niñas en las ciudades

“Las mujeres son las principales usuarias de los servicios públicos esenciales y las principales proveedoras de los mismos, —como trabajadoras del sector público, ​donde las mujeres representan una abrumadora mayoría​—. Las mujeres y las niñas son las principales usuarias de la atención sanitaria, para sí mismas y para sus familiares, incluidos niños, ancianos y personas con discapacidad, ya que ellas suelen ser quienes les atienden, y por su mayor esperanza de vida. Tener acceso a servicios de abastecimiento de agua, electricidad o gestión de residuos reduce drásticamente el tiempo que las mujeres dedican a estas tareas y libera tiempo para su empleo productivo y educación superior. Los servicios sanitarios adecuados son esenciales para proteger a las mujeres y las niñas frente a todo tipo de daño, para que se respete su derecho humano a la privacidad y a no sufrir acoso y agresiones sexuales.

La vivienda social es fundamental para las familias con una sola fuente de ingresos y para las familias pobres encabezadas por una mujer. Las mujeres representan la mayoría de las familias monoparentales; muchas de ellas acaban viviendo en zonas segregadas o barrios marginales de las ciudades. Del mismo modo, los albergues públicos y los servicios sociales resultan necesarios para las mujeres y sus hijos, víctimas de la violencia doméstica y de género. Mujeres y niñas dependen mucho más del transporte público que los hombres, para desplazarse a trabajar y acceder a servicios básicos, como la sanidad. La subcontratación, las PPP, la privatización y la falta de inversiones en servicios públicos urbanos como el agua, el saneamiento, el transporte y la privatización de los espacios públicos provocan un aumento de los costes para los usuarios y reducen la disponibilidad y la calidad de dichos servicios, lo cual supone graves consecuencias para la igualdad entre los hombres y las mujeres, da como resultado un aumento de los embarazos no deseados, un repunte de la pobreza energética y que las mujeres y las niñas tengan que recorrer enormes distancias caminando o en bicicleta para ir a trabajar o al colegio. En dichas condiciones, las mujeres y las niñas que viven en las afueras, en los barrios marginales o las zonas rurales y tienen que trasladarse se convierten en colectivos especialmente vulnerables y atrapados en la pobreza urbana”.

6.  LOS SINDICATOS SON AGENTES, PARTICIPANTES Y ALIADOS FUNDAMENTALES DE LAS AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES, PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA URBANA INCLUSIVA.

Los trabajadores y trabajadoras públicos y del ayuntamiento, y sus sindicatos representantes, están en primera línea a la hora de promocionar las políticas urbanas innovadoras, sustentables y socialmente inclusivas. Su papel resulta clave en tiempos de reformas municipales o de desastres naturales, como terremotos y crecidas. Los gobiernos municipales no son entidades abstractas: están formadas por personas trabajadoras. Sólo un personal local y regional bien capacitado y entrenado, que trabaje y viva en condiciones dignas, con acceso a los recursos adecuados, puede ofrecer de manera sustentable unos servicios públicos de calidad a las comunidades a las que sirven y enfrentar con éxito los numerosos desafíos que plantea la rápida urbanización.

Desde la mesa redonda: Helene Davis-Whyte, Secretaria General, Asociación Jamaicana de Responsables de Gobiernos Locales (JALGO)

El protagonismo de los sindicatos en la respuesta a los desafíos de los gobiernos municipales: la experiencia del Caribe

“El papel de los sindicatos del sector público resultó clave para que las condiciones de la reforma gubernamental impuesta por el Programa de Ajuste Estructural del FMI en Jamaica, en 2013, se diseñaran e implementaran de forma transparente y eficiente, minimizando las repercusiones negativas para el gobierno central y local y para el pueblo jamaicano. Nuestro sindicato JALGO, a través de sus miembros que trabajan en el gobierno municipal, planteó propuestas viables y concretas al gobierno y, juntos, mediante un diálogo y negociaciones constructivas, diseñamos una hoja de ruta para la reducción del gasto público que reclamaba el FMI, no centrada en la destrucción de empleos, ​como habría sucedido de otro modo. El gobierno municipal pudo comprobar el valor y la experiencia que los sindicatos aportamos a la mesa de negociación; desde entonces, continúa contando con nosotros en su labor política y legislativa”.

Desde la mesa redonda: Parshuram Pudasaini, Unión de Servicios Públicos de Nepal

El protagonismo de los sindicatos en la respuesta a los desafíos de los gobiernos municipales

2015 was a critical year for Nepal: we faced a 7.8 magnitude earthquake. Nearly 9 000 people lost their lives and more than 25 000 people were critically injured. 500 000 homes collapsed and thousands of people are still homeless and continue to live in temporary shelters.

We lost around 6 billion US dollars in national economy. We got a new constitution through a constituent assembly and process. In 2014 we only had 58 municipalities, and now - through decentralization - we have reached 217. We have to rebuild Nepal and the reconstruction process is going on. There is no doubt trade unions are a constructive force and decisive stakeholders in this process and need to be fully involved and we are a also a critical agent of participatory democracy. Thanks to unions involvement, reconstruction talks in Nepal are now also about inclusive cities and fair urbanization. We strongly support and express our endorsement of the Trade Unions and Workers group position on Habitat III Ten key points for an inclusive New Urban Agenda ’ and we urge these points are concretely fulfilled in the implementation of the NUA ”.

7. SOCIAL HOUSING IS AN ESSENTIAL PUBLIC SERVICE, NECESSARY TO HALT FORCED EVICTIONS, TO PUT AN END TO URBAN SEGREGATION AND TO UPHOLD THE RIGHT TO HOUSING

When gentrification and real estate speculation, poor social housing and integration policies and the privatization and commercialization of public spaces in urban settings meet socio-economic exclusion and forced evictions, they create an explosive mix that pushes vulnerable communities to the margins of cities and generates urban ghettos and slums. These socially-segregated, informal settlements reproduce socio-economic inequality and create a vicious circle of informal employment perpetuating inter-generational poverty, illiteracy and lack of skills and education and increasing social unrest and threats to public health and public security. Slums are worse hit urban areas when disaster and extreme climate events strike. Often it is the same workers who build and serve cities on a daily basis (e.g. waste collectors, builders, bus drivers, teachers, nurses, etc.) who cannot afford to live close to their workplace and commute long hours at their own high cost. Public housing deficits and unaddressed socio-economic issues related to informal settlements are a major threat to fair cities and to an inclusive New Urban Agenda.

From the roundtable: Mike Davis, International Alliance of Inhabitants, Anglophone African Region Coordinator

Fighting socio-economic urban segregation: public investment in social housing, local participatory democracy and decent work for urban dwellers

2015 fue un año crítico para Nepal: sufrimos un terremoto de magnitud 7.8. Murieron cerca de 9000 personas y más de 25 000 resultaron gravemente heridas. 500 000 hogares quedaron reducidos a ruinas y miles de personas continúan sin hogar, viviendo en refugios temporales.  La economía nacional perdió unos 6000 millones de dólares. Redactamos una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente. En 2014, sólo contábamos con 58 municipios y, hoy, gracias a la descentralización, tenemos 217. Debemos reconstruir Nepal y las labores de reconstrucción están en curso. No cabe duda de que los sindicatos son una fuerza constructiva, unos agentes decisivos en este proceso y debemos involucrarnos plenamente. También somos catalizadores de la democracia participativa. Gracias a la participación de los sindicatos, las conversaciones para la reconstrucción de Nepal abordan la inclusividad de las ciudades y la urbanización equitativa. Apoyamos decididamente y expresamos nuestro respaldo a la posición del Grupo de los Trabajadores y los Sindicatos en Hábitat III, plasmada en los “Diez puntos clave para una Nueva Agenda Urbana inclusiva” , y reclamamos el cumplimiento concreto de estos puntos a la hora de implementar la NUA”.

7. LAS VIVIENDAS SOCIALES SON UN SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL, NECESARIO PARA FRENAR LOS DESALOJOS FORZOSOS, PONER FIN A LA SEGREGACIÓN URBANA Y RESPETAR EL DERECHO A LA VIVIENDA

Cuando la gentrificación y la especulación inmobiliaria, la escasez de vivienda social y de políticas de integración, además de la privatización y la comercialización de los espacios públicos de los núcleos urbanos, se unen a la exclusión socioeconómica y los desalojos forzosos, aparece una mezcla explosiva que empuja a las comunidades vulnerables hacia los márgenes de las ciudades, generando guetos y barrios marginales. Estos asentamientos informales, socialmente segregados, reproducen las desigualdades socioeconómicas y provocan un círculo vicioso de empleo informal, que perpetúa la pobreza intergeneracional, el analfabetismo, la descualificación, la falta de educación, además de disturbios y amenazas a la salud y la seguridad públicas. Los desastres naturales o eventos climáticos extremos afectan sobre todo a los barrios marginales. Con frecuencia, los mismos trabajadores y trabajadoras que construyen y sirven día a día en las ciudades ​—por ejemplo quienes trabajan en la recogida de basuras, la construcción, conductores de autobuses, docentes, enfermeras, etc​— no pueden permitirse vivir cerca de su lugar de trabajo y se ven obligados a trasladarse durante horas, a su costa. La falta de viviendas públicas y la desatención a los problemas socioeconómicos de los asentamientos informales amenazan gravemente el objetivo de lograr ciudades equitativas y el cumplimiento de una Nueva Agenda Urbana inclusiva.

Desde la mesa redonda: Mike Davis, Alianza Internacional de Habitantes, Coordinador de África Anglófona

Luchar contra la segregación socioeconómica en las ciudades: inversión pública en viviendas sociales, democracia participativa local y trabajo decente para la ciudadanía

La Alianza Internacional de Habitantes (IAH) es una red internacional que lucha por el derecho a la vivienda. Ayuda a las víctimas de los desalojos forzosos a hablar por sí mismas, sin filtros de expertos ni de ONGs, a conectarse con otras personas que padecen sus mismas amenazas e intercambiar experiencias, para aprender a resistir. Nuestro principal objetivo consiste en acabar con los desalojos forzosos en todo el mundo ​—que casi por completo afectan a las comunidades de trabajadores y trabajadoras pobres, sin apenas poder político convencional​—. Que las élites obtengan su riqueza a expensas de la vida y la vivienda de la población se ha convertido en moneda común. Compartimos con los sindicatos la lucha por la justicia social para las personas más desfavorecidas y reclamamos su derecho humano a una vivienda digna y el derecho a la ciudad. Combatimos por fortalecer las voces de la comunidad, la democracia participativa y apoyamos las luchas locales mediante la solidaridad global. Nosotros luchamos por la redistribución del poder político desde las élites a las comunidades, a los vecindarios, a la ciudadanía, a los habitantes de las ciudades, a todas las personas que trabajan, con frecuencia en condiciones extremadamente precarias, informales e indignas.

En IAI creemos que las viviendas sociales públicas son los cimientos de las ciudades inclusivas. Sólo cuando las personas posean la dignidad y el sentido de pertenencia que les aporta una vivienda digna podrán enfrentar otras cuestiones candentes de su vida y de sus comunidades; tendrán más herramientas para salir de la pobreza junto a su familia, y contribuir a una economía local vibrante y sustentable”.

8. ONU HÁBITAT DEBE INCORPORAR A LOS SINDICATOS Y TRABAJADORES EN LA GOBERNANZA E IMPLEMENTACIÓN POST HIII, EN PIE DE IGUALDAD CON LAS AUTORIDADES LOCALES Y LAS EMPRESAS

Desde la mesa redonda : Giovanni Di Cola‎ Asesor Especial, Oficina del Director General Adjunto, Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Comentarios finales

“Una vez finalizada HIII será fundamental que ONU Hábitat incluya a los sindicatos y los trabajadores en el sistema de gobernanza y en el marco de implementación, en pie de igualdad con el resto de los interlocutores sociales, gobiernos locales y empresas, con objeto de cumplir su compromiso de transformar las ciudades en socialmente inclusivas. En este sentido, ya existen ejemplos de buenas prácticas a nivel municipal en Suecia y Dinamarca. Conseguir afianzar la participación democrática de los trabajadores y sindicatos a través de la legislación representa un paso fundamental en la senda hacia las ciudades inclusivas”.

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