El 15 de marzo finalizó la tregua invernal que, desde el 1 de noviembre, prohibía el desalojo de viviendas en alquiler. Al igual que el año pasado en estas mismas fechas, varios alcaldes comunistas, socialistas y ecologistas del distrito 93 ofrecieron una rueda de prensa para alertar sobre la situación de esas familias que están en la calle por adeudar varias cuotas de alquiler. Trece cargos electos este año [1] , entre ellos el alcalde de Bobigny, firmaron dichos decretos en contra del desalojo en la sala de la Legión de honor de Saint-Denis, que alberga actualmente una exposición sobre los cien años de la vivienda social. “Nuestra movilización rinde frutos. A partir de ahora, nuestros decretos cumplen con lo establecido por la ley. Es inadmisible que los tribunales administrativos los rechacen. Por otra parte, los jueces tienen cada vez menos argumentos en contra ”, declaró Michel Beaumale, alcalde de Stains y el primero en haber tomado esta decisión junto a Bernard Birsinger, en 2004. “Nuestro movimiento provocó un efecto de «bola de nieve». El tema de la vivienda se ha convertido en una asunto de justicia” , añadió el edil. Recordemos que desde hace cuatro años, con la aplicación de la ley Dalo (por sus siglas en francés, derecho al alojamiento «exigible»), las personas que habitan en una vivienda en malas condiciones pueden recurrir al tribunal administrativo para obtener un techo decente si el Estado no se ha hecho cargo de ello. La vicealcalde de Saint-Denis, Florence Aye, habló del fracaso de la ley Dalo. “Solamente 40% de las personas afectadas han sido reubicadas”,  precisó. 158.329 procesos . El delegado general de la Fundación Abad-Pierre, Patrick Doutreligne, que apoya la iniciativa de los cargos electos del departamento, montó en cólera: “La ley Dalo no tiene nada de prioritaria. La gente desahuciada no está en lista de espera.”  Según la asociación, las citaciones de desalojo aumentaron un 26% en diez años y llegaron hasta los 158.329 procesos en 2010.

La fundación estima en 50.000 el número de familias forzadas a abandonar su vivienda por falta de medios y, de ellas, 11.670 lo hicieron mediante desalojo policial. En Seine-Saint-Denis, los desalojos aumentaron un 30% entre 2009 y 2010. Una representante de la Red de Solidaridad para la Vivienda del distrito de Saint-Denis recordó que dos mujeres se suicidaron en febrero pasado, una porque estaba recargada de deudas y no alcanzaba a pagar su alquiler, y la otra porque llevaba ¡catorce años solicitando un apartamento! “Muchas mujeres están solas y aisladas. Tienen que elegir entre pagar el alquiler, la comida o los cuidados médicos. ¿De qué forma podemos reunirlas?”,  preguntó a los cargos electos presentes el 15 de marzo. Servicio de ayuda . Los alcaldes signatarios pretenden, cada uno en su municipio, darle cierto cauce a este fenómeno ayudando a los inquilinos sobrecargados de deudas y/o amenazados de desalojo. En cada ciudad, existe un servicio de ayuda para la vivienda que trabaja en colaboración con  la Agencia Departamental de Información sobre la Vivienda (ADIL, por sus siglas en francés), la Asociación Léo-Lagrange para la defensa de los consumidores de Bondy y un bedel (contacto: 01 70 32 43 15). Además, algunas asociaciones por la solidaridad, el Sindicato de Abogados de Francia (SAF) y el Sindicato de la Magistratura (SM) acaban de crear un sitio de Internet de ayuda jurídica sobre el derecho a la vivienda urgente [2]  para atender a las personas sin hogar y  hacer valer su derecho a albergue gracias a la sentencia del Consejo de Estado del 10 de febrero de 2012, que impone al Estado la aplicación de todos los medios necesarios, hasta la reubicación de los sin techo. “Un primer paso”  según Nicole Valeanu, vicealcalde de Sevran. Por otra parte, los cargos electos signatarios de los decretos antidesalojo reclamaron un aumento de la ayuda para la construcción, que disminuyó en alrededor de 340 millones de euros entre 2009 y 2012. También pidieron la aplicación de la ley SRU (Solidaridad y Renovación Urbana) que establece que 20% de las viviendas en los municipios de más de 35.000 habitantes deberán ser de viviendas sociales. De estos, 37% no alcanza ese porcentaje. Finalmente, reclamaron la construcción masiva de viviendas sociales financiadas por el Estado. Casi 3.000 personas están a la espera de una HLM (“vivienda de alquiler moderado”, en francés) en Bobigny. “Los desalojos nunca serán una solución para la escasez de vivienda ”, protestó Catherine Peyge, quien también propuso la instauración de una comisión de investigación parlamentaria para analizar “de la manera más exhaustiva posible, el coste humano del desalojo, teniendo en cuenta todos los aspectos económicos y sociales”.

Asambleas . El alcalde y cerca de cincuenta autoridades de Ile-de-France acaban de suscribir un llamamiento dirigido al Primer Ministro para que mantenga los sitios de alojamiento urgente tras la tregua invernal y que organice asambleas en torno a este tema. “Mientras que el derecho a la vivienda es un derecho por Ley, se deja a miles de personas expuestas a la vida vagabunda y en situación de inseguridad, en lo que parecen verdaderas barriadas de chabolas o en edificios que no ofrecen garantías básicas de seguridad.”

[1]  Bagnolet, Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy, La Courneuve, Montreuil, Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains, Tremblay-en-France, Villepinte, Villetaneuse.

[2]  www.115juridique.org