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¡Respeten los derechos humanos. Basta de demoliciones!

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Comunicado de Prensa

En el día de hoy, los defensores de la vivienda protegida y los activistas de derechos humanos de Minnesota se reunieron para realizar un rally solidario en apoyo de los inquilinos de Nueva Orleáns que están en peligro de perder sus hogares debido a los planes de demolición y elitización de los vecindarios humildes del Departamento de Vivienda y Urbanización (HUD). El rally solidario se llevó a cabo sobre un puente que mira al río Misisipi, el río más importante de los Estados Unidos, y que simbólicamente une a todos los inquilinos en apuros y a todos los hogares amenazados de un extremo al otro del país, desde Minnesota a Louisiana y todas las ciudades intermedias.

El rally tiene como objetivo denunciar los planes del HUD de demoler 5. 000 viviendas sociales viables y muy necesarias para Nueva Orleáns y exigir el cese inmediato de las demoliciones. La iniciativa corresponde al Movimiento de Defensa de la Vivienda Pública y del Derecho a Retornar al Hogar ( New Orleans Public Housing and Right to Return Movement ) y al Frente Unido para la Vivienda Asequible ( United Front for Affordable Housing ), que están llevando adelante un rally masivo en Nueva Orleáns desde las 4 p.m de hoy.

Los ciudadanos de Minnesota que defienden los derechos a la vivienda protegida y los derechos humanos en general recordaron que no son nuevas la políticas gubernamentales de eliminación masiva de viviendas públicas y residencias de las minorías para dar lugar a una urbanización para las clases acomodadas, con la consecuente dispersión de las comunidades de color: véase, por ejemplo, el emprendimiento de la autopista que desplazó a la comunidad de Rondo en St. Paul o el emprendimiento “Holman” del norte de Minneapolis que implicó la demolición de cerca de 1.000 viviendas públicas y el desplazamiento y la dispersión de miles de residentes de color.

En una carta a la congresista republicana Maxine Waters (California), principal impulsora de la Ley de Recuperación de la Vivienda tras el huracán de la Costa del Golfo (2007) [ Gulf Coast Hurricane Housing Recovery Act of 2007 ], que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y actualmente se encuentra estancada en una comisión del Senado (S.F. 1668), los inquilinos de Nueva Orleáns y sus defensores expresaron lo siguiente:

Los residentes de las viviendas públicas de Nueva Orleáns se encuentran atrapados en las garras de dos autoridades gubernamentales inconmovibles: el Ministerio de Vivienda de Nueva Orleans (HANO) y el Departamento de Vivienda y Urbanización (HUD) de la misma ciudad. Las medidas tomadas por ambas organizaciones han impedido que los supervivientes de la tragedia del huracán pudieran seguir adelante con sus vidas y volver a construir sus viviendas. Puesto que sus medidas han impactado principalmente sobre los residentes pobres y de color, es inevitable pensar que detrás de ellas existe un trasfondo de discriminación racial y económica y de exclusión.

La crisis de la vivienda pública "florece” en el contexto más amplio de la crisis del derecho humano a la vivienda. Así por ejemplo, el Centro de Acción por una Vivienda Justa en el Gran Nueva Orleáns ( Greater New Orleans Fair Housing Action Center ) ha documentado la masiva discriminación llevada adelante por los mercados inmobiliarios de la ciudad y las comunidades blancas de los suburbios que, supuestamente, forzaron una legislación contra la vivienda subsidiada para asegurarse de que las familias pobres y de color no pudieran establecerse en sus vecindarios. Si a esto se agrega la inexplicable decisión del HUD de acortar el proceso normal de revisión de las demoliciones de 100 días a 1 día, con el fin de apurar la destrucción de las pocas viviendas públicas existentes, los pobres no tienen literalmente a quién recurrir. Este violento impulso por demoler las viviendas públicas representa una manifestación extrema de las políticas y estrategias de reconstrucción de Nueva Orleáns que parecen casi inevitablemente destinadas a eliminar a las comunidades pobres y de color.

En virtud de las normas de derechos humanos, los gobiernos deben salvaguardar el derecho a la vivienda de aquellas personas que han sido desplazadas internamente como consecuencia de ciertos eventos, por ejemplo, un desastre natural. El Artículo 28 (1) de la ONU, Principios rectores del Desplazamiento Interno, que la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) reconoce cuando lleva adelante las políticas de desarrollo internacional, sostiene:

Las autoridades compententes2 tienen la obligación y responsabilidad fundamental de establecer las condiciones, así como de proveer de los medios, para que las personas desplazadas internamente puedan retornar voluntariamente a sus hogares o a sus lugares habituales de residencia, con seguridad y dignidad. . .

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el instrumento fundacional de los derechos humanos adoptado unánimemente por todos los países miembro de las Naciones Unidas (incluidos los Estados Unidos) sostiene:

Artículo 25 (1): Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda , la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad,

Más aún, el Artículo 11 (1) de la Convenci ó n Internacional sobre la Eliminaci ó n de Todas las Formas de Discriminaci ó n Racial , un tratado ratificado por los Estados Unidos3 en 1994, establece:

Los Estados Parte se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar los derechos de todas las personas... de igualdad frente a la ley, en particular, de gozar de… el derecho a la vivienda...

En 1949, el gobierno de los Estados Unidos se comprometió a garantizar, en cuanto fuera posible,

. . . el derecho a un hogar decente y a un medio de vida adecuado a todas las familias estadounidenses y, de ese modo, contribuir al desarrollo y la urbanización de las comunidades así como al progreso, enriquecimiento y seguridad de la nación.

A pesar de tan loable objetivo, en los últimos años el espectáculo de las topadoras y las grúas de demolición del gobierno demoliendo las viviendas sociales de los pobres no se ha limitado a Nueva Orleáns. De hecho, las políticas regresivas respecto del derecho a una vivienda adecuada y asequible parecen haberse extendido por toda la nación. Según parece, el Ministerio de Vivienda de Nueva York está atravesando ciertos desórdenes financieros que lo hacen vulnerable al control del sector privado y que ha llevado a un inevitable incremento en los alquileres y al desplazamiento de los inquilinos de bajos recursos. Bajo el programa “HOPE VI”, el HUD ha demolido más unidades de vivienda de las que se ha ocupado de reponer. En Chicago, la demolición de 13.000 viviendas ha obligado a más de 20.000 residentes a dejar sus hogares, con lo que la lista de espera indefinida llega a decenas de miles de personas. A todo lo largo y ancho de los Estados Unidos, la vivienda se está transformando en un bien inasequible, lo que conduce a una mayor crisis habitacional y a un aumento de las personas sin hogar.

La Comisión Organizadora de la Solidaridad para New Orleáns (rama Minnesota) se une al Movimiento de Defensa de la Vivienda Pública y del Derecho a Retornar al Hogar y al Frente Unido para la Vivienda Asequible para exigir el cese de los planes de demolición del HUD que afectan a aproximadamente 5.000 viviendas sociales que, no sólo son estructuralmente sólidas, sino que ayudan a reparar el alarmante déficit habitacional. Los planes del HUD de demoler estos valiosos recursos habitacionales exacerbarán aún más el sufrimiento de los inquilinos humildes de Nueva Orleáns e les impedirá el retorno efectivo a su ciudad natal, en flagrante violación a las normas y compromisos de derechos humanos y a los principios morales compartidos por todos los hombres del mundo. El HUD debería emplear todas sus energías y sus esfuerzos en albergar a los necesitados y en facilitar su reinserción a todos los residentes de bajos recursos, en vez demoler sus hogares e impedirles el regreso a Nueva Orleáns.

Si desea información sobre el plan HOPE VI de demolición de viviendas sociales: contáctese con el Profesor Edward Goetz, Hubert Humphrey Institute of Public Affairs, 612-624-8737 y egoetz@hhh.umn.edu .

1La Comisión Organizadora para la Solidaridad de New Orleáns - Minnesota) es un grupo ad-hoc de defensores del derecho a la vivienda y de los derechos humanos en general de Minnesota. El rally de solidaridad está avalado por el Movimiento de Defensa de la Vivienda Pública y del Derecho a Retornar al Hogar, el Frente Unido para la Vivienda Asequible, el Sindicato de Inquilinos de Minnesota, la Alianza de Inquilinos de Minnesota, el MPIRG, el Albergue St. Stephens, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota, el Centro para la lucha por los Derechos Humanos y contra los Desalojos, el Capítulo Minnesota del National Lawyers Guild, ACORN Minnesota, los Vecinos del lado Norte por la Justicia, la Campaña por la Justicia “María Inamagua”, la Coalición de Homeless de Minnesota y la Campaña por los Derechos Humanos Económicos de los Pueblos Negros y Pobres.

2 A la luz de los antecedentes de este gobierno en los años posteriores al desastre del Katrina, a muchos les resultará indignante, y con razón, que alguien llame al HUD y al gobierno del presidente Bush “autoridades competentes”. Sin embargo, este término es sólo retórico y necesariamente se refiere al gobierno de Bush y al HUD en este caso, puesto que son los que tienen la autoridad para hacer efectivo el cumplimiento de los Principios rectores del Desplazamiento Interno de la ONU.

3Bajo la Constitución de los Estados Unidos, los tratados ratificados por sus gobiernos se convierten en “leyes supremas de la Nación”. Véase el Artículo VI, Sección 2, de la Constitución de los Estados Unidos. Al ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, por lo tanto, los Estados Unidos han contraído la obligación de hacer cumplir sus ordenanzas, por formar parte de la ley suprema de la Nación.