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Urgente: mobilização internacional para Zero Despejos em Monte Sinai, Guayaquil, Equador

Estimados camaradas,

Escrevo para reforçar o chamado para solidariedade no qual recebemos de nossos companheiros do Equador, referente à novos despejos, em curso, no Monte Sinai, em Guayaquil.

Como é possível assistir no vídeo a seguir, a situação é muito tensa e, lembramos que em 2013 ocorreram outros despejos muito violentos na mesma área, assim é provável que ocorram novos dramas.

Por essas razões, no dia 15/10/2016, organizamos em Guayaquil a abertura da 5ª Sessão do Tribunal Internacional dos Despejos , onde tivemos grande êxito, tendo a participação de mais de 600 pessoas, apesar da proibição da polícia e da destruição das instalações. Podemos dizer que esta iniciativa contribuiu para a unidade dos habitantes e para que suas propostas sejam ouvidas em todos os níveis.

O "veredito" provisório do Tribunal , ou seja, as primeiras recomendações emitidas naquele dia, destacam a urgência da moratória, que Monte Sinai seja "Zero Despejos" e que se constitua uma mesa de diálogo para encontrar soluções que respeitem o direito a moradia e todos os direitos humanos.

As recomendações finais referentes aos 6 casos internacionais + 3 casos no Equador, examinados pela 5ª Sessão do Tribunal, serão divulgados no dia 10/12/2016, a nível internacional, o Dia mundial dos Direitos Humanos.

Desta vez, o pedido é ainda mais motivado, porque é o primeiro posto de teste para colocar em prática as recomendações do Tribunal Internacional dos Despejos, nosso Tribunal popular, como nos comprometemos a fazer em Quito.

Neste sentido, os convidamos a entregar às Embaixadas ou Consulados do Equador, a carta de protesto que está anexada, possivelmente adaptada, e que seja acrescentada a sua assinatura.

Necessitamos somente envien a tie2016@habitants.org  sua foto entregando a carta na Embaixada, especificando o local, a data, os participantes e eventual resposta

Destaque: isto é, de suma importância e urgente para que comece imediatamente!

 

Mensaje AIH solidaridad contra los desalojos en Guayaquil, Ecuador

A 25 de noviembre de 2016

Arq. María de los Ángeles Duarte

Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda

Gobierno Constitucional de Ecuador

ministro@miduvi.gob.ec

CCP:

Jorge Estrella

secretario tecnico de prevención de asientamentos humanos irregulares

MIDUVI

Juan Salazar Caicedo

Gobernador (e) del Guayas

Guayaquil

juan.salazar@goberguayas.gob.ec

Alejandro López-Lamia

Especialista sectorial Desarrollo Urbano

Banco Interamericano de Desarrollo

alejandrolo@iadb.org

Karina Calahorrano

Oficial del Proyecto Las Marías

Banco Interamericano de Desarrollo

karinac@iadb.org

Edison Barrera Jaramillo

Comandante de la Zona 8 de Policía, Guayaquil

edison.barrera@policiaecuador.gob.ec

Ecuador

Ms. Leilani FARHA

Relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda Adecuada

Ginebra

srhousing@ohchr.org

Comité de Dirección

del Tribunal Internacional de Desalojos

tie2016@habitants.org

ite.steering.committee@list.habitants.org

Jurado de la 5a Sesión

del Tribunal Internacional de Desalojos

Objeto:  Cumplir con la obligación legal sobre el derecho a la vivienda y solidaridad contra los desalojos en Guayaquil, Ecuador

De nuestra consideración:

Os escribimos en nombre de la Alianza Internacional de Habitantes (AIH), red internacional de organizaciones sociales involucrada desde hace años en la defensa del derecho a la vivienda que, en particular, esta comprometida en la elaboración de iniciativas que eviten los desalojos, en particular impulsando el Tribunal Internacional de Desalojos que ha tenido su 5a Sesión en su País (Guayaquil 15 y Quito 17/10/2016) también colaborando con la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada.

Con ocasión la visita en Guayaquil del Tribunal Internacional de Desalojos el 15/10/2016 y en estos días recientes, hemos recibido informaciones preocupantes de parte de las organizaciones de la sociedad civil respecto de la situación de indefensión en la que se encuentran las familias que están sufriendo la amenaza concreta de desalojo, aunque nombrado de diversas maneras, para los casos detallados a continuación.

Desalojos y desplazamientos violentos en Monte Sinaí por un projecto financiado por el BID

La zona está considerada de expansión de asentamientos informales, con venta de suelo por parte de traficantes de suelo.  Se calcula que viven en la zona, cerca de 150 mil personas. Desde la promulgación del decreto 607, el 28 de diciembre del 2010,  alrededor de 5000 familias han sido desalojadas de la zona de Monte Sinaí, bajo acusación de invasión. Se han cerrado más de 100 locales comerciales y microempresas de venta de materiales de construcción, acusadas de que promueven las invasiones. Se ha prohibido el mejoramiento y construcción de las viviendas, en caso de infringir esta norma, van detenidos. Hay una incertidumbre respecto a la permanencia de las familias en el sector por la inseguridad en la tenencia del suelo, producto de cambios permanentes y toma de decisiones discrecionales respecto a quienen son las familias que deben permanecer en el sector, lo que ha reeditado nuevas formas de tráfico del suelo que afecta directamente a las familias mas vulnerables. En la actualidad el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda está desarrollando el proyecto “Las Marías”, sobre 40 hectáreas ya ocupados, por lo que las familias diariamente están recibiendo notificaciones de desalojo y/o desplazamientos. Este projecto, n. EC-L10999, está financiado por el contrato de prestamo n. 2679/OC-EC con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Desalojo y demolición de Casas Colectivas de la calle Gómez Rendón

Se trata de 2 Bloques de propiedad del Seguro Social, construidos en el año 1950, que en la actualidad están en el centro de la ciudad. Están considerados patrimonio histórico. Las familias viven arrendando, pero desde hace 15 años el Seguro Social dejo de cobrar porque desde entonces había planes de cambiar de uso a la edificación.  En la actualidad se prevé su derrocamiento por deterioro de la edificación y presencia de microtráfico, para construir sobre esta área un Centro de Salud. No hay plan de contingencia para las 360 familias residentes, pues se la acusa de estar en mora en pago de arriendo y servicios básicos. Tienen 150 días de plazo para que familias abandonen el lugar (a partir del 26 de septiembre del 2016).

A este propósito les recordamos que los Artículos 30, 31, 37, 39, 47, 66, 261, 340, 375, 376 de la Constitución nacional de Ecuador reconocen el derecho a la vivienda y que el artículo 42 “prohíbe todo desplazamiento arbitrario”.

Además, el Art. 185 de la misma Constitución destaca que “La fuerza pública será obediente y no deliberante. Sus autoridades serán responsables por las órdenes que impartan, pero la obediencia de órdenes superiores no eximirá a quienes las ejecuten de responsabilidad por la violación de los derechos garantizados por la Constitución y la ley.”

Además, Ecuador ha ratificado los Tratados y Convenciones internacionales y, por tanto, todas las instituciones tienen la obligación legal de respetar, proteger, promover y garantizar el derecho a la vivienda y a rendir cuentas periódicamente a las instancias internacionales sobre las medidas adoptadas para garantizar su cumplimiento, siendo el desalojo sin realojo acordado una violación de:

  • la Declaración Universal sobre Derechos Humanos (Art. 25), adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 de Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948;
  • el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (Art.11), ratificado por Ecuador el 6 de marzo de 1969 y el Protocolo facultativo del PIDESC aceptado el 11 de junio de 2010;
  • la Convención sobre los Derechos del Niño (Art.27), ratificada por Ecuador el 23 de marzo de 1990;
  • la Convención por la eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Art. 14 y 15), ratificada por Ecuador el 9 de noviembre de 1981;
  • la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Art. 34, k), ratificada por Ecuador el 21 de diciembre de 1950;
  • la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Art. 26), ratificada por Ecuador el 8 de diciembre de 1977;
  • el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el Área de Derecho Económico, Social y Cultural, ratificado por Ecuador el 10 de fevrero de 1993.

Como lo subrayado también por las instancias de Naciones Unidas, los Comentarios Generales N. 4 y N. 7 del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos, que afirman que cualquier forma de desalojo forzado es incompatible con los requisitos del PIDESC, son interpretaciones autoritativas del PIDESC, del cual Ecuador es parte, y tienen valor jurídico predominante sobre otras normativas.

Por esta consideración y fundamentados también en las Recomendaciones de la 5a Sesión del Tribunal Internacional de Desalojos, le exhortamos ejercer su competencia ante esta grave situación de violación de los más elementales Derechos Humanos: a la vida, a la vivienda, al trabajo, a la seguridad de la tenencia de la tierra, en el entendimiento que por ser los representantes del pueblo, son los más idóneos en la defensa de la condición de ciudadanos de las personas afectadas.

Entendemos que la voz de las comunidades afectadas por la presión a abandonar su territorio de vida, es una legítima voz, y debe ser escuchada por los representantes políticos y las instancias del estado a nivel local y provincial.

Por eso, se da plena solidaridad a las organizaciones sociales y de los habitantes de Guayaquil y a las personas y familias afectadas por estas violaciones y, os invitamos a:

  • Declarar una moratoria inmediata de todos los desalojos, aunque nombrados de diversas maneras, y constituir una mesa de diálogo entre las instituciones y las organizaciones sociales de los habitantes para dar soluciones asequibles a esta problemática con políticas que impliquen Cero Desalojos;
  • Derogar el decreto 607, no se desaloje a ninguna familia de monte Sinaí, salvo las reubicaciones acordadas por situación de riesgo, y con medidas compensatorias a la pérdida de vivienda, trabajo y redes sociales; familias que están siendo desplazadas o se les esta cercenando el terreno, sean compensadas; no se desaloje a comerciantes y microempresarios de la vía principal sin ser compensados. 
  • Que se elimine toda forma de tráfico de suelo y formas clientelares de acceso al suelo,  para lo cual se debe implementar un sistema transparente de regularización del sector, con veeduría ciudadana de las organizaciones sociales. 
  • Se paralice el proyecto Las Marías en actual ejecución por parte del MIDUVI, y se bloqueen los fondos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, hasta que  se determine cuantas y cuales son las afectaciones del proyecto y cuales son las medidas compensatoria previstas; a partir de lo cual se reformule bajo un modelo de gestión cooperativo de autoayuda con asistencia técnica y autogestionado.
  • Entregar en propiedad colectiva los bloques de las Casas Colectivas de la calle Gómez Rendón a las familias residentes, desembolsar partida para rescate del edificio como patrimonio. Crear un modelo de gestión para la futura administración de los bloques por parte de sus residentes;

De lo contrario, no dudaremos en informar a todas las autoridades nacionales e internacionales para llevar a cabo las medidas necesarias para cumplir con el respeto de las leyes de protección del derecho a la vivienda.

Agradecemos mucho su atención a la presente y le solicitamos tenernos informados sobre cualquier acción adoptada en este sentido.

A esperas de sus respuestas los saludamos atentamente.

Cesare Ottolini
Coordinador Global

Guillermo Rodríguez Curiel
Coordinador para América Latina

Videos  : Protesta en Monte Sinaí  - Protestas en rechazo a desalojos en Monte Sinaí

Lugar para o qual este artigo se aplica


O(A) seguinte Tradutor(a) Voluntário(a) pelo direito à moradia sem fronteiras da AIH colaborou com a tradução deste texto:

Rosane Vieira

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